Mientras que desde organizaciones sociales plantean que los cambios al sistema sólo serían regulaciones en función de las necesidades de las aseguradoras privadas, parlamentarios manifestaron su molestia por la demora en la presentación de este proyecto por parte del Gobierno.
A propósito del proyecto de ley que se tramita en el Senado, distintos sectores cuestionan el “traje a la medida para que las Isapres sigan usufructuando del negocio”. Esto, tanto por las quejas de las empresas aseguradoras, que consideran pérdidas por la judicialización, como por las exigencias de una ley corta que lo resuelva.
Según el informe revelado por el organismo, el ítem de salud representa el 6,3 por ciento del gasto total de una familia en el país.
120 municipios se acercaron al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue para preguntar por la Farmacia Popular Ricardo Silva Soto, que a través de un sistema comunitario desafía las trabas de la Constitución para ofrecer a los vecinos medicamentos un 95 por ciento más baratos respecto de la oferta del mercado. Si bien algunos creen que esto está reemplazando un deber del Estado, otros apuntan a que el modelo debe ser replicado.
Desde las aseguradoras de salud indicaron que producto de la reformaque pretende iniciar este mes el Gobierno, las Isapres podrían perder cerca de $800 millones de pesos.
Según las organizaciones sociales el problema en salud tiene que ver con la inyección de recursos y con la dotación de personal. “No basta con la construcción de hospitales, porque esos hospitales no sólo no van a tener el financiamiento adecuado”, explicaron desde la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de la Salud.
Según la parlamentaria PPD, es el Estado el que debiera asumir el costo de todos los tipos de enfermedades, a propósito del proyecto que podría enviar el Gobierno al Congreso, lo que se suma a las demandas de una ley para aquellas denominadas como raras o lisosomales, cuyo costo mensual promedia los diez millones de pesos. Además, organizaciones exigen una mayor participación en la discusión.
Dirigentes de salud pública señalan que la DC ha impulsado una defensa al sistema de concesión para la construcción de hospitales, una medida ampliamente criticada en la gestión de Sebastián Piñera. Según los trabajadores, existen presiones en distintos niveles para mantener el modelo durante el Gobierno de Bachelet. Las dudas radican en si prevalecerá la posición de quienes apoyan el lucro o de quienes buscan fortalecer la salud pública.
El anuncio del nuevo Superintendente confirma que el indicador perdió su injerencia y validez para los reajustes de los planes de salud, lo que ha significado que desde distintos sectores manifiesten su satisfacción con la medida, a pesar de la resistencia mostrada por las isapres. ¿Por qué el nuevo Superintendente decidió desestimarlo? ¿Representa un vacío legal para el actuar de las isapres?
