La consulta nacional (plebiscito) que se realizará entre el 29 de septiembre y 1 de octubre en todo el país, contará con la participación de observadores nacionales e internacionales, con el fin de garantizar transparencia en el proceso consultivo.
De acuerdo a lo aprobado por parlamentarios en la Ley 20 mil 935, el incremento será gradual y estará vigente hasta el 1 de enero de 2018, fecha en la cual el salario volverá a ascender otros 6 mil pesos.
En la entidad alertaron además por el alto nivel de endeudamiento de las familias chilenas. Desde la Fundación Sol indicaron que el estancamiento del salario mínimo, sumado al aumento de las jornadas parciales obligatorias de trabajo, ha contribuido a los problemas de pago.
Datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) revelan la precaria estructura laboral de Chile.
Diario y Radio Universidad de Chile analizó desde tres puntos de vista el asunto del trabajo en Chile. Un historiador, un abogado y una socióloga coincidieron en un diagnostico brutal: los trabajadores están precarizados, viviendo retrocesos históricos en sus derechos y desorganizados en una CUT al servicio del Gobierno y sus partidos.
Los estudiantes universitarios mantienen las críticas por el proyecto de educación superior propuesto por el Gobierno. En ese escenario, plantean la urgencia de debatir el mecanismo que reemplazará al CAE para que este no mantenga la lógica de créditos. Por su parte, desde Fundación Sol analizan el nivel de deuda local, dejando en evidencia que la de educación es transversal, por lo que resulta necesario elaborar un mecanismo que permita terminar con la morosidad de miles de chilenos.
Rodrigo Valdés aseguró que la contracción salarial ha servido para mantener el empleo. El economista Gonzalo Durán precisó que esto sólo significa un problema mayor: millones de trabajadores se sobreendeudan para llegar a fin de mes.
Como un ejemplo más de la improvisación del Gobierno en materia de Reforma Laboral calificó el abogado laboral José Luis Ugarte la falta de estudios que definan los servicios mínimos en huelga, de parte de la Dirección del Trabajo, lo que incluso abre la puerta a que sean informes empresariales los que definan este concepto, con el consiguiente riesgo para los trabajadores.
Funcionarios públicos aseguraron que frente a eventuales intentos de regulación de la negociación colectiva o el derecho a huelga, los cuales ejercen de facto ya que no están consagrados en las leyes, prefieren seguir en el estado actual ya que de ser integrados a la normativa que rige a los sindicatos privados perderán poder de negociación.
Luego de que se revelara que al menos cinco AFP incurrieran en inversiones ilegales, distintos expertos criticaron a la institución. Para el economista de Fundación Sol, Gonzálo Durán, “hace tiempo que la Superintendencia de Pensiones está en la lupa”.
El abogado y experto en derecho laboral de la Universidad Diego Portales, José Luis Ugarte, sostuvo que las prioridades legislativas son acordes a un Gobierno que no tiene fuerza ni claridad para impulsar proyectos a favor de los trabajadores.
Desde la Coordinadora cuestionaron las interpretaciones realizadas por la Asociación de AFP sobre las cifras que plantean que el 64 por ciento de los trabajadores cotiza por 20 años o menos de trabajo, razón por la cual exigieron desde las AFP incluir a los trabajadores a honorarios y por cuenta propia al sistema: “Quieren expiar sus culpas”, señalaron.
El investigador de la Fundación Sol refutó los dichos de la Presidenta Michelle Bachelet y aseguró que no hay estudios técnicos que avalen los supuestos beneficios del Acuerdo Transpacífico. “Cualquier persona que cuestiona los acuerdos de libre comercio es desprestigiado y eso está fuera de razón”, afirmó.
Un sistema centrado en un régimen tripartito, con un piso de pensión asegurado, entre otros elementos son parte de la propuesta que el 28 de noviembre presentará la Coordinadora No+AFP como una manera de interpelar al Gobierno. “Un gobierno que descaradamente le ha dado la espalda al pueblo y a la ciudadanía”, señaló Luis Mesina.
Luis Mesina, María Luz Navarrete y Marco Kremerman participan como expositores del Foro en Sala Máster de Radio Universidad de Chile.
El estudio elaborado por los economistas explica que el promedio es menor en el caso de las mujeres y que en las regiones es más bajo que en la capital. Además, concluye que la negociación sectorial es fundamental para los empleados del Estado, pero también para las pretensiones salariales del resto del país.
El economista de la Fundación Sol se refirió a los llamados hechos por la Coordinadora NO + AFP y afirmó que van en la dirección correcta. “Ellos están construyendo un nuevo sujeto social que tome conciencia respecto de lo que pasa con el derecho de recibir una pensión digna”, afirmó.
