Las intoxicaciones en Quintero y Puchuncaví, el Acuerdo de Escazú, el escape de Salmones, la ley que acaba con las bolsas plásticas o la clausura de Pascua Lama son solo algunos de los hechos que marcaron la agenda mediambiental de 2018, y son parte también de los temas que destaca, de forma positiva o negativa, Fundación Terram en su Balance Ambiental 2018 titulado “Abran las escuelas, cierren las industrias”.
Esta situación se torna aún más preocupante cuando se consideran las propuestas del Ministerio de Bienes Nacionales, cartera que hace una semana lanzó la agenda “Parques Nacionales para Chile”, planificación que contempla la entrada de privados en las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE) a través de licitaciones.
El investigador asociado de la Fundación Terram, Hernán Ramírez, apuntó a las principales causas de los reiterados episodios de contaminación que han afectado a decenas de personas, principalmente niños, en la zona de Quintero-Puchuncaví. Si bien asegura que es necesario modificar la normativa ambiental, enfatiza que esto no es suficiente si no va acompañado de un plan de descontaminación y de establecer responsabilidades civiles.
La directora ejecutiva de Fundación Terram criticó la ausencia de una institucionalidad que resguarde la biodiversidad chilena y se refirió a la propuesta de diversas organizaciones de crear una “agencia de áreas protegidas”.
La medida de contingencia, que sale al paso de los desastres ocurridos con los incendios a comienzos de año, fue criticada por Manuel Llao, consejero de la Conadi y dirigente mapuche, quien afirmó que el plan no se hace cargo de las demandas históricas de una parte del pueblo como, por ejemplo, la recuperación de bosque nativo en terreno de cultivos exóticos.
Especialistas y organizaciones ambientales señalaron que falta coordinación entre los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente para enfrentar la restauración de las zonas afectadas por los incendios forestales. Desde el Comité Pro Defensa de la Flora y Fauna (Codef) señalaron que se debe priorizar un plan estratégico proyectado a no menos de cincuenta años.
Diversas comunidades del país, afectadas por desastres ambientales causados por empresas, se dieron cita en Puchuncaví para poder analizar el escenario de contaminación que sus habitantes deben vivir. Junto con valorar la inciativa, declararon su rechazo a este tipo de actividad económica e industrial y a la construcción de termoeléctricas a lo largo del país.
El Gobierno debe presentar indicaciones a la iniciativa para que continúe con su trámite legislativo. Al tiempo que la directora ejecutiva de Fundación Terram, Flavia Liberona, identificó descoordinaciones con el Parlamento.
Indignados están organizaciones ciudadanas y ambientalistas de la Región de Aysén ante la decisión del Comité de Ministros que resolvió este lunes mantener la aprobación del proyecto “Central Hidroeléctrica Cuervo”. Esto por cuanto el proyecto se ubicaría en una zona sísmica e impactaría fuertemente al medioambiente. Frente a esto, anunciaron que “demostrarán la ilegalidad del proyecto en los Tribunales Ambientales”.
Aunque valoran el anuncio que convierte a Chile en el país con la mayor área marina protegida del mundo, los ambientalistas manifiestan su preocupación por el trámite el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, hoy estancado en el Parlamento.
El Gobierno presentó un proyecto de ley que congela hasta 2020 las concesiones en las regiones de Los Lagos y Aysén y relocaliza concesiones situadas en parques nacionales de la región de Magallanes. Sin embargo, organizaciones critican que éste no asegura condiciones saludables ni a favor del medio ambiente.
Intensa ha sido la campaña comunicaciones emprendida por las empresas generadoras para criticar la decisión del comité de ministros de rechazar el proyecto hidroeléctrico HidroAysén. Ambientalistas y académicos concuerdan en señalar que el sector privado ha creado mitos entorno a las energías renovables no convencionales.
