El arquitecto y académico de la Universidad de Humanismo Cristiano descartó que la propuesta ponga en riesgo la propiedad privada y la heredabilidad en torno a esta materia. Asimismo, afirmó que la normativa se ajusta a parámetros internacionales.
Chile es el país más largo del mundo con 4300 kilómetros de territorio de norte a sur. La diversidad geográfica es nuestra principal característica y la que pregonamos como uno de nuestros principales atractivos, pero, ¿entendemos nuestros territorios? Una eventual nueva Constitución deberá hacerse cargo de esta “loca geografía” y sus disímiles necesidades, ignoradas en la actual Carta vigente.
En el marco de la recepción de las Bases Ciudadanas para una Nueva Constitución, por parte de la Presidenta Bachelet, la última etapa del proceso participativo desarrollado durante 2016, desde el movimiento Marca AC emplazaron al Ejecutivo a acelerar el envío del proyecto de reforma al capítulo XV de la Constitución, sobre el mecanismo para decidir la nueva Carta Fundamental, así como su propio proyecto constitucional.
El próximo lunes se entregarán al Ejecutivo los resultados de la etapa participativa del proceso. Ante ello, diferentes agrupaciones manifestaron que el Gobierno necesitará apoyos de distintos sectores para poder modificar la Carta Magna. “Sabemos que va a ser un poco difícil. Se espera que esté toda la voluntad política”, sostuvieron.
Diversas organizaciones sociales ligadas a la búsqueda de una nueva Constitución han planteado su inquietud por el futuro del proceso constituyente, y manifiestan la necesidad que se concrete una nueva Ley Fundamental que permita superar los resabios de la Dictadura en salud y educación, entre otros.
Este domingo el Gobierno iniciará al concurso público para la selección de 216 encargados de dirigir los cabildos del proceso constituyente. Desde el movimiento sugieren que si el Ejecutivo desea dar espacio a las opiniones de la ciudadanía, deberá generar una mejor comunicación.
La Constitución otra vez está en medio del debate del conglomerado de Gobierno. Mientras sus defensores aseguran que éste es el momento de concretarlo, sus detractores usan el argumento económico para plantear que se debe postergar el debate anunciado para septiembre.
Preocupación existe entre políticos y organizaciones que enarbolan la asamblea constituyente como mecanismo para generar una nueva Constitución. El principal problema que ven es la eventual priorización de reformas que desde el Ejecutivo han planteado y que no incluye la reformulación de una nueva Carta Magna.
Frente al discurso dado por la Presidenta en su cuenta pública, en el que –virtualmente- descartó la opción de implementar una asamblea constituyente, los partidarios de esta instancia señalaron que el objetivo ahora es lograr que el Gobierno convoque a un plebiscito de carácter vinculante, en el cual la ciudadanía decida el mecanismo a través del cual redactar una nueva Constitución.
El vocero del movimiento que impulsa la asamblea constituyente como vía para cambiar la Carta Fundamental, Genaro Cuadros, conversó con Radio Universidad de Chile acerca del “proceso constituyente” anunciado por la Presidenta Michelle Bachelet. “Estos procesos inician de una manera, pero no se sabe cómo terminarán”, afirmó el arquitecto.
El anuncio de un “proceso constituyente” generó inmediatas respuestas entre los partidarios de la asamblea constituyente como vía para redactar una nueva Constitución. En este sentido, políticos, expertos y movimientos sociales concuerdan que un proceso de participación no vinculante no conduce a expresar realmente la voz ciudadana.
Expertos en materia política concuerdan en que las soluciones que se deben tomar implican una visión profunda y de largo plazo para enfrentar la gravedad de esta crisis: desde la transparencia en los aportes a las campañas, hasta la implementación de una nueva Constitución.
La bancada transversal de diputados por la Asamblea Constituyente recibió y adhirió a una propuesta presentada por un grupo de abogados constitucionalistas y organizaciones sociales para viabilizar el plebiscito que dirima el mecanismo de la nueva carta fundamental que compromete el programa del Gobierno.En la ocasión, insistieron en la validez de la consulta ciudadana vinculante y llamaron a tomar posturas frente a quienes defienden los conceptos de la constitución vigente.
Parlamentarios y usuarios valoran el nuevo cuerpo legal que regula el cobro de los estacionamientos, que se está discutiendo en el Congreso, y enfatizan en que el uso de estos servicios son complementarios, por lo que no cabe que se tenga que pagar por ellos. Por contrapartida, los detractores de esta iniciativa consideran que se estaría pasando a llevar el derecho a la propiedad privada.
El cambio a la Constitución de 1980 debería ser la salida a la crisis política que enfrenta en la actualidad el país. Así los sostuvieron analistas y expertos, que coinciden en manifestar que el Gobierno de Michelle Bachelet debe generar las condiciones para reformar la Constitución y llamar a un Plebiscito.
Parlamentarios y representantes de organizaciones que defienden la Asamblea Constituyente, manifestaron sus críticas a autoridades de Gobierno por sus intentos de descartar una nueva Carta Fundamental verdaderamente democrática.
En el programa de gobierno se propusieron una serie de reformas que, en principio, debían ver la luz en 2014: Reforma a la Salud, Previsional, Código de Aguas y Nueva Constitución. Sin embargo, en el camino se fueron entrampando o dieron paso a otros proyectos prioritarios, lo que llevó al Gobierno a no querer abrir más flancos de críticas que las que ha debido enfrentar por las reformas Tributaria y Educacional, que más de un dolor de cabeza le han reportado al Ejecutivo. Diputados y actores de la sociedad civil enjuician estas promesas inconclusas.
