Sólo las personas que sean propietarias de terrenos directamente afectados podrán oponerse a tendidos eléctricos, no comunidades o proyectos empresariales aledaños, según el informe de la Comisión Mixta para el proyecto legal de concesiones eléctricas que la Cámara de Diputados y el Senado aprobaron este martes. Pese a la merma de derechos para oponerse a estos proyectos eléctricos, el texto ya no se refiere a la consulta indígena del Convenio 169 de la OIT ni a los trazados que afectan al Sistema de Áreas Silvestres Protegidas, que incluye a parques nacionales y reservas.
El coordinador de Ecosistemas fue entrevistado por Juan Pablo Cárdenas, un especial de prensa que abarca las características de Hidroaysén, un proyecto energético con falencias en su autorización que, a juicio de Orrego “denigran la institucionalidad ambiental”. En ello, abarca el desafío país de una matriz energética, y cómo la ciudadanía exige sumar su voz en el debate.
Vuelve a discutirse la viabilidad de Hidroaysén, debate que reflota en la contingencia ante la realización de primarias presidenciales. Entre los expertos hay opiniones variadas, mientras que desde el mismo proyecto emplazaron a los candidatos a dar propuestas antes que críticas.
El Senado retomará la discusión legislativa del cuestionado proyecto de Concesiones Eléctricas el martes 2 de julio. La iniciativa, impulsada por el Gobierno, goza del apoyo mayoritario de la Sala, gracias a un acuerdo alcanzado por los parlamentarios oficialistas y parte de la bancada DC. Los más críticos con el texto acusan que es “un traje a la medida de Hidroaysén”, mientras que sus defensores sostienen que “es fundamental evitar que el país se quede sin energía”.
Sigue adelante el trabajo de la Mesa de Consenso instalada por el gobierno para consensuar con los pueblos indígenas un reglamento que permita regular la Consulta establecida en el Convenio 169 de la OIT. El proceso de negociación no ha sido fácil y ha contado con quiebres y cambios de condiciones, al tiempo que dirigentes indígenas critican la representatividad de la instancia y acusan conflictos de interés.
Pese a que la revisión de las reclamaciones al polémico proyecto HidroAysén estaba congelada, el Gobierno retomaría esta labor, para pronunciarse entre finales de este año y marzo del 2014, es decir, antes de que finalice la administración de Sebastián Piñera, con lo que cambia totalmente el escenario que se mantenía hasta ahora. Esto sorprendió en los distintos ámbitos, en el mundo político y entre los opositores a la iniciativa.
Las manifestaciones contra el proyecto no cesan, pese a que la megacentral hidroeléctrica está congelada mientras no la autorice el Comité de Ministros.
El Presidente Sebastián Piñera se refirió al proyecto Hidroaysén y apuntó que la demora de la aprobación del Consejo de Ministros por revisar las observaciones a las centrales se produce por la falta de una línea de transmisión. Opositores al proyecto critican que se divida esta inversión, pero destacan que esta situación lo hace doblemente inviable.
Este miércoles una misiva enviada por el presidente de Enersis Pablo Yrarrázaval a los accionistas de la compañía movió las aguas en relación al debate público por el proyecto Hidroaysén. En la carta, Yrarrázaval sostuvo que el proyecto está en marcha y que se encuentran a la espera de que se definan en el Congreso proyectos como el de carretera eléctrica y que el comité de ministros resuelva las reclamaciones hechas por agrupaciones de la sociedad civil como por la propia compañía. Para las organizaciones medioambientales “el comité de ministros aún no se reúne porque en un año electoral esto va a significar un tremendo costo político”.
Esta tesis se sustentaría en los costos políticos que tendría la aprobación de esta cuestionada iniciativa en un año electoral. Sin embargo, ambientalistas aseguran que la tramitación de proyectos de concesiones y carreteras eléctricas pavimentan el camino para la inexorable aprobación del proyecto energético.
La empresa se marginó del evento masivo luego que una serie de ONG ambientalistas condicionaran su presencia a que la compañía que impulsa el proyecto Hidroaysén no participara. Las organizaciones acusaron a la compañía de intentar un lavado de imagen.
El secretario ejecutivo de la organización, Patricio Rodrigo, dijo en Radio Universidad de Chile que la decisión del Comité de Ministros sobre la iniciativa se ha postergado porque La Moneda busca eludir las consecuencias de una eventual autorización.
