Los argumentos de la defensa del atacante fueron cuestionados por la Fiscalía, luego de tipificar los actos como delito de torturas. “Son de lo más degradante respecto de una persona”, apuntó la fiscal María Angélica de Miguel.
La parlamentaria manifestó su preocupación por la “reacción tardía del Estado” en este caso que ocurrió entre 2018 y 2020. Los cuatro funcionarios involucrados ya fueron destituidos del hospital y la ministra Aguilera anticipó más denuncias.
“Esos profesionales, entre comillas, deben ser apartados de sus labores y fuertemente sancionados”, señaló la parlamentaria. Además, solicitó la citación del director del hospital y al Servicio de Salud regional al Congreso para dar explicaciones.
Según lo declarado por el Ministerio de Salud, la cartera “está haciendo seguimiento de las acciones que ha adoptado el servicio de salud de Osorno ante la justicia (fiscalía) y desde el punto de vista administrativo”.
