Como una forma de diluir la responsabilidad de Ponce Lerou en la serie de irregularidades en que ha estado envuelta, calificó el diputado comunista Daniel Núñezla la posible venta de SQM a capitales canadienses e israelíes, por lo que emplazó al Consejo de Defensa del Estado a pronunciarse sobre este proceso.
Entre los antecedentes que se manejan, existiría una carpeta secreta que revelaría que las fechas de los aportes a la campaña de Longueira coinciden con los contactos entre el ex senador y Patricio Contesse. Pese a ello, desde la UDI mantienen su férrea defensa al ex senador, protección al que se suman los líderes de Chile Vamos.
El fin del subsidio a las empresas forestales, así como la regulación de monocultivos de pinos y eucaliptus, pidieron los senadores del PS Alfonso De Urresti y Rabindranath Quinteros al ministro de Hacienda. “Estamos por propiciar un nuevo modelo forestal”, aseguró De Urresti.
La Fiscalía Regional de Valparaíso determinó formalizar a Carlos Ominami, Milton Lee y Patricio Contesse. El procedimiento pone en cuestión las medidas tomadas por la Fiscalía en el caso de otros involucrados vinculados al caso SQM, como el ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou.
Fuertes críticas entre diputados y organizaciones medioambientales provocó la aprobaciónpor parte de la Cámara Alta del Decreto Ley 701, que desde hace 40 años entrega fondos del Estado a las actividades de las empresas forestales. Esto en medio de los coletazos que ha provocado el llamado “Cartel del confort”, que implicó la colusión entre una de las más grandes forestales del país, CMPC y la sueca SCA.
La Fiscalía podría llamar a declarar a Marco Enríquez Ominami para conocer su relación con los dineros que SQM habría enviado a Cristián Warner, su ex jefe de campaña.
¿Por qué no está preso Julio Ponce Lerou?, para algunos la respuesta es una sola: las redes políticas que tejió financiando a personeros de todos los sectores políticos hoy defienden su impunidad. No solo por el caso SQM se pide su formalización, el yerno de Pinochet también ha sido duramente sancionado por su actuar en el caso Cascadas.
Desde todos los sectores políticos reaccionaron con sorpresa y críticas frente a las declaraciones realizadas por el ex director del SII Michel Jorratt, en las cuales acusó presiones de parte del Ministerio del Interior para no seguir investigando en el caso de la emisión de boletas falsas a SQM. Desde el Ejecutivo señalaron que “si un fiscal estima conveniente tomar decisiones, va a contar con toda la colaboración por parte del Gobierno”.
Como impresentable calificó el diputado comunista Daniel Núñez el hecho de que SQM mantenga el monopolio de la explotación del litio, dadas las últimas revelaciones sobre el financiamiento irregular de campañas políticas llevadas a cabo por la minera no metálica. Por esta razón, el parlamentario presentó un proyecto para terminar el contrato entre Corfo y SQM.
Luego de la renuncia de Julio Ponce Lerou tras 28 años a la cabeza de la minera no metálica, el directorio de la empresa resolvió nombrar a Juan Antonio Guzmán como su sucesor, esto en medio de las críticas y cuestionamientos que la empresa ha recibido en el marco del financiamiento irregular de campañas políticas.
En la entrevista, además, sostuvo que hay relaciones transversales entre el dinero y la política que se han sostenido a lo largo del tiempo. Por su parte, Ernesto Carmona señaló que es necesario que la ciudadanía exprese su molestia para poder generar las transformaciones.
Hace unos diez días comenzó un esfuerzo concertado de las elites por retomar el control de la agenda política. La arremetida comenzó el fin de semana ante pasado y tuvo sólo tres breves actos: primero, traspasar las responsabilidades de la actual crisis política al Ministerio Público; segundo, culpar a la prensa por un clima de “caza de brujas” y, acto final, presentar a la clase política unida. Pero fue la crónica de una muerte anunciada.
Fernando San Román, jefe comunal de Tocopilla, sostuvo en conversación con nuestra emisora, que la razón por la que decidió cortar todo tipo de relación con SQM, empresa que realizaba algunos pequeños aportes económicos y sociales a la ciudad, según San Román, ya que quiere “dar una señal de dignidad ante una empresa que nos ha faltado el respeto”.
En medio de las recientes revelaciones sobre una lista de personas –en la que figuran políticos y personas vinculadas a funcionarios públicos-, que habrían entregado boletas falsas a Soquimich, la clase política se defiende de estas acusaciones. Primero, fue el senador y flamante presidente de la DC, Jorge Pizarro quien salió al paso de estas imputaciones, y más tarde fue la misma Presidenta Bachelet quien llamó no destruir la “honra de personas que a lo mejor no han hecho nada de esto”. Sin embargo, desde el oficialismo se alzan voces críticas frente a quienes se han visto involucrados en el caso SQM.
La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) resolvió hacer pública la formulación de cargos en contra de todo el directorio de la Sociedad Química y Minera (Soquimich S.A.) por “eventuales infracciones en la calificación de información esencial de la compañía para su difusión al mercado en los términos, forma y oportunidad que establece el marco legal y normativo vigente”. Desde distintos sectores se exige la responsabilidad de los directores de la empresa privatizada en dictadura frente a sus accionistas minoritarios, pero ante esto también vuelve a asomar el perjuicio sobre los fondos de pensiones de miles de chilenos involucrados en defraudaciones al Estado y la compra transversal de influencia política.
El gerente general de SQM, Patricio de Solminihac, y el vicepresidente de Finanzas de la minera no metálica, Ricardo Ramos acudieron a las dependencias de la Fiscalía a entregar sus declaraciones en torno de este caso, tal como lo hiciera el 16 de marzo pasado, el presidente de la compañía Julio Ponce Lerou. A la salida de la diligencia, de Solminihac expresó su tranquilidad con respecto del desarrollo de este proceso. Luego fue el turno del ex gerente general de la empresa, Patricio Contesse, quien se retiró sin hacer declaraciones.
Los fiscales Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y Emiliano Arias arribaron a las oficinas de SQM, luego que el 8° Juzgado de Garantía autorizara al Ministerio Público a llevar a cabo el allanamiento de las dependencias de la minera no metálica, ubicadas en Las Condes, en busca de los documentos contables del período 2009-2014 que la empresa se negó entregar de manera voluntaria.
