El secretario general de la Confederación de Sindicatos Bancarios, y vocero del movimiento NO + AFP, aseguró que luego de 35 años de funcionamiento, las AFP demostraron ser incapaces de poder entregar pensiones dignas, por lo que urge cambiar el sistema. Además, fustigó a quienes plantean que no es posible implementar un sistema de reparto, ya que sólo se trata de que exista “voluntad política” para hacerlo.
Este domingo 24 de julio, diversas organizaciones sociales han convocado a una marcha familiar para exigir el fin de las AFP. Luis Mesina dirigente de los trabajadores bancarios, y uno de los convocantes a esta manifestación, hizo énfasis en la falta de voluntad política de parte de la clase política, la que, a su juicio, tiene intereses creados en el sistema que les impide realizar cualquier reforma al sistema.
Desde este primero de julio, las personas que jubilen verán disminuida su pensión en promedio en un 2 por ciento, medida de la Superintendencia de Pensiones que precarizaría aún más la situación de la vejez en Chile.
Las declaraciones del presidente de las AFP respecto de la jubilación de mujeres puso nuevamente en el debate la precariedad del sistema de pensiones. Mientras se definen los cambios al proyecto de AFP estatal, expertos advierten que las bajas pensiones no tienen solución en este modelo.
Representantes de la Coordinadora NO + AFP manifestaron en el frontis de la Superintendencia su rechazo a la decisión del órgano fiscalizador de validar las fusiones de las administradoras Cuprum con Argentum y de Provida con Acquisition, y exigieron la renuncia del superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías.
Con manifestaciones, asambleas y un cacerolazo al finalizar la jornada, organizaciones sociales llaman a terminar con el sistema de AFP e implementar uno de reparto y solidario, para este jueves en las principales ciudades del país. Desde No más AFP sostuvieron que se debe avanzar “hacia una presión mucho más fuerte que haga posible que el Gobierno escuche de una vez por todas”.
Numerosas agrupaciones sindicales reiteraron su total rechazo a la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno y que se tramita en el Senado, afirmando que esta no supera el Plan Laboral elaborado en Dictadura. Además, criticaron a las “centrales oficialistas” que han negociado este proyecto.
Desde las organización No más AFP señalaron que es preciso finalizar con el sistema, sobre todo cuando la Superintendencia de Pensiones decidió aumentar la esperanza de vida, lo que perjudicaría en un 2.2 por ciento la pensión de las mujeres y en un 2.1 la de los hombres.
La tramitación del proyecto en el Senado se está tornando cada vez más compleja. A las controversias por las indicaciones de la bancada pro-pyme, ahora se suma la posibilidad que las modificaciones del Ejecutivo sean ingresadas a mediados de diciembre, pese a estar comprometida con anterioridad.
El sistema de Administración de Fondos de Pensiones se encuentra cuestionado luego que la instancia asesora presidencial no acordara una sola propuesta y se decantara por tres posibles transformaciones: mejorar el actual sistema mediante pilares solidarios, crear un sistema mixto con aportes del Estado y los empleadores o volver al antiguo sistema de reparto.
Los economistas y dirigentes sindicales tomaron como un triunfo del sentido común el informe denominado “La distribución de los ingresos y su papel en la explicación de la desigualdad”, elaborado por el miembro del departamento fiscal del Fondo Monetario Internacional, Carlos Mulas, que sostuvo que la mayor sindicalización en la industria, la mayor formación de los trabajadores y el mayor gasto del Estado ayudan a reducir la distancia entre los salarios más altos y los más bajos. El análisis tomó a países industrializados como Alemania y los emergentes entre 1970 y 2013 donde el estudio concluyó que por cada 10 por ciento que aumenta la brecha salarial, la desigualdad medida por el coeficiente Gini sube un 9 por ciento.
La Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones fijó para agosto la entrega de su informe y durante estos meses inician la última etapa de la elaboración de propuestas. El diputado socialista de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, y organizaciones sociales critican el retraso de la comisión y ven como “medida parche” el proyecto presentado.
