El dirigente de la Federación de Manipuladoras de Alimentos sostuvo que el consorcio uruguayo fue condenado por prácticas antisindicales, algo que contraviene la Ley de Compras Públicas.
Las trabajadoras encargadas de la alimentación de miles de niños y niñas en todo el país señalan que las empresas licitadas aprovechan los vacíos en la fiscalización para aumentar la carga de trabajo de las funcionarias.
En la Confederación General de Trabajadores Públicos y Privados acusaron que 400.000 niños en el país no están recibiendo alimentación en los establecimientos educacionales y que a las trabajadoras no les entregan implementos para sus funciones.
A poco de concluir el proceso para 2022, vuelve a ser objeto de cuestionamientos la participación de empresas asociadas a la firma de capitales uruguayos Delibest, las que previamente han sido investigadas por la Contraloría General de la República, debido a una serie de irregularidades relativos al tratamiento de los alimentos.
