En junio de este año entrará en vigencia la Ley de Fomento al Reciclaje, conocida también como la Responsabilidad Extendida del Productor (REP). Organizaciones ecologistas y expertos analizan las claves para entender su impacto en el mercado chileno del reciclaje.
Especialistas y organizaciones ambientales señalaron que falta coordinación entre los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente para enfrentar la restauración de las zonas afectadas por los incendios forestales. Desde el Comité Pro Defensa de la Flora y Fauna (Codef) señalaron que se debe priorizar un plan estratégico proyectado a no menos de cincuenta años.
Desde la cartera no se han pronunciado respecto de las responsabilidades que tendrían en la gestión de políticas públicas que evitarían un desastre ecológico de tal nivel.
En su cuenta pública, la Superintendencia de Medio Ambiente enfatizó el aumento de sanciones a empresas que no cumplen con la normativa medioambiental. El movimiento No Alto Maipo se manifestó durante la ceremonia y pidió la renuncia del superintendente Cristián Franz.
La diputada Camila Vallejo cuestionó que el ministerio de Medio Ambiente deba someterse a los intereses de otras carteras, mientras la PPD Loreto Carvajal dijo que “se está hipotecando el futuro acuícola de Chile”.
Después de más de una década, en la capital se evidenció la primera emergencia ambiental por los altos índices de contaminación de Material Particulado fino 2,5. Mientras, la sequía presente hace años y durante el otoño empeora la calidad del aire.
El calentamiento global producido por los gases de efecto invernadero parece no tener una línea de retorno, más todavía al conocerse un informe científico que reveló que dichos contaminantes alcanzaron un record histórico de 400 partes por millón en marzo. Distintos investigadores sobre cambio climático señalaron que la mega sequía que vive el país se vincula con este problema, y afirmaron que la pobreza es un factor determinante de mayor riesgo de las personas ante los cambios del clima.
Diversas críticas se abordaron durante el Seminario: “El Derecho a la Consulta de los Pueblos Indígenas en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”. En la oportunidad representantes del estado, de las comunidades indígenas, organizaciones no gubernamentales y privados concluyeron en que aún quedan muchas falencias que mejorar para adecuar el proceso de Consulta a los estándares internacionales.
Este sábado, el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Raúl de la Puente, dijo que la organización gremial está excluida de la Reforma Laboral presentada por la Presidenta Michelle Bachelet. Es por esto que el gremio pidió al gobierno dar “una señal positiva” y que derogue las prohibiciones que tienen “en materia […]
La mala calidad del aire en la capital es una realidad con la cual sus habitantes han tenido que convivir por muchos años. En las últimas dos décadas se han aplicado dos planes de descontaminación atmosférica para disminuir los altos índices, causantes de la mayoría de las enfermedades respiratorias en los grupos más vulnerable, como los niños y los adultos mayores durante el invierno. Desde el 17 de noviembre, la Secretaría de Estado se encuentra elaborando un nuevo Plan más exigente al vigente, con el objetivo de bajar los índices de material particulado fino (MP 2,5) que contiene sustancias cancerígenas.
La Clínica de Justicia Ambiental de la Universidad Diego Portales (UDP) en conjunto con organizaciones sociales presentaron una solicitud de invalidación del Nuevo Reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (NRSEIA) ante el ministerio de Medioambiente porque un decreto supremo incorporado en último momento en dicho reglamento no hace obligatoria la evaluación ambiental de proyectos inmobiliarios en zonas saturadas en cualquier ciudad del país.
La entrada en vigencia de los Tribunales Ambientales, de los cuales hay uno en funcionamiento y en junio serán dos, podría despejar a la justicia de tener que resolver sobre temas medioambientales, pero su ubicación geográfica podría ser un impedimento para el acceso de muchas comunidades. Expertos coinciden en que, para evitar la judicialización de los procesos, lo principal es la prevención, apuntando a una mayor rigurosidad en la aprobación de proyectos que intervengan en el ecosistema.
