La Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado aprobó la denominada “ley corta”, que principalmente termina con las licencias a perpetuidad otorgadas a las empresas del sector. Tanto parlamentarios como pescadores artesanales denuncian la campaña del terror que están ejerciendo las empresas para detener cualquier modificación de la llamada “Ley Longueira”.
En la cita se pretende entablar los lineamientos preliminares sobre las modificaciones que podría enfrentar la normativa que rige al sector.
Los trabajadores cuestionan la lentitud del proyecto que busca anular la cuestionada Ley de Pesca en el Parlamento. Al mismo tiempo rechazan la dilación que, a su juicio, pretende la mesa técnica implementada por el Gobierno. Por eso llamaron a una nueva jornada de protestas para el próximo 26 de octubre.
El Tribunal de Alzada rechazó acoger a trámite el libelo presentado por el fiscal regional de O’Higgins en contra del jefe del Ministerio Público. No obstante, la defensa de Arias resolvió apelar a la medida por lo que presentarán un recurso de reposición ante la Corte Suprema.
Con esta decisión, la fiscal que investiga el caso Corpesca, Ximena Chong, podrá solicitar la formalización del senador de la UDI. “Esto marca un antes y un después, ya que la mayortía de las personas cree que los senadores son intocables”, señalaron organizaciones de pescadores artesanales.
La polémica Ley de Pesca impulsada por el ex ministro Pablo Longueira sigue dejando dudas sobre su aplicación y beneficios. Los principales cuestionamientos surgen desde las federaciones de pescadores artesanales, aunque parlamentarios de la zona concuerdan en introducir modificaciones. El subsecretario Raúl Súnico es el encargado de impulsar el diálogo, quien ya recibe críticas por sus vínculos en la región del Biobío.
La Comisión de Ética de la Cámara analizará mañana el caso de la diputada Marta Isasi, quien habría recibido 25 millones de pesos de parte del grupo Angelini previo a la votación de la Ley de Pesca. La parlamentaria arriesga sanciones administrativas, pero si su caso es llevado a la justicia incluso podría ser suspendida. Parlamentarios de oposición y organizaciones de pescadores solicitan revisar la constitucionalidad de la Ley de Pesca, ante la posibilidad de que haya sido votada bajo delito de cohecho.
Una serie de reacciones generó la controversia que involucra a la diputada, quien admitió haber recibido dinero de Corpesca, empresa perteneciente al grupo Angelini, y luego respaldó la Ley de Pesca. Organizaciones de pescadores anunciaron que iniciarán acciones legales contra la parlamentaria.
