A raíz de la pasividad del Ejecutivo, los representantes del colectivo se reunieron con los jefes de todas las bancadas de diputados de oposición con el propósito de definir una agenda legislativa conjunta y coherente con las reivindicaciones sociales.
El beneficio tendría un costo para el fisco de 185 millones de dólares y se entregaría en diciembre. Según el mandatario, el bono favorecería a aproximadamente seis millones de chilenos de más de 1,3 millones de familias vulnerables.
Economistas analizaron el delicado y anómalo período financiero que atraviesa Chile, y cuestionaron el nulo accionar del Ejecutivo en cuanto a tomar medidas concretas para frenar las desconfianzas del mercado.
El Mandatario se excusó de participar debido a la crisis social en Chile y anunció que será representado por la ministra de Medioambiente, Carolina Schmidt.
El informe de Human Rights Watch, a diferencia del de Amnistía Internacional, no otorga responsabilidades políticas ni penales a las autoridades. Es esta diferencia entre ambos informes la que, para expertos, marca el trato diferenciado que el Gobierno le ha dado a ambas organizaciones.
Los representantes de la Mesa Unidad Social valoraron la convocatoria que tuvo el nuevo llamado a paro productivo que se efectuó en todo el país. Además, recalcaron que próximamente acudirán a La Moneda para presentar sus demandas sociales a las autoridades de Gobierno.
Este miércoles 20 de noviembre, los gremios que conforman la instancia sindical convocaron a una nueva jornada de paralización en el contexto del estallido social que atraviesa el país. La protesta contó con la adhesión de funcionarios del Registro civil, quienes acusaron prácticas antisindicales.
En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el diputado Tomás Hirsch (PH) explicó los fundamentos con que buscarán la destitución del primer mandatario que enfrenta una acusación constitucional por atropellos a los derechos humanos.
En un discurso que generó más expectativas de las que cumplió, el mandatario hizo un llamado a todos los sectores a unirse en tres acuerdos principales: por la paz, la justicia y una nueva Constitución. En contraparte, anuncio querellas por Ley de Seguridad del Estado.
El silencio ha primado en La Moneda ante las acusaciones que han surgido desde diversas instituciones y la grave situación en que se encuentran más de 200 personas que han sido víctimas de agresiones por parte de agentes del Estado. Las prioridades del Ejecutivo están claras y así lo enfatizó la subsecretaria de DD.HH., Lorena Recabarren: “El compromiso irrestricto es con la seguridad pública”, aseguró.
Jubilados y jubiladas pertenecientes a asociaciones comunales, regionales y nacionales entregaron una carta al Mandatario donde exigen que se tomen medidas urgentes para garantizar los derechos de las personas de la tercera edad.
La ANEF, el Colegio de Profesores y los propios trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social y servicios asociados, denunciaron que la idea tendría ya resultados preestablecidos. Además, en Talca y comunas de la región de la Araucanía se ha acusado a las autoridades locales de seleccionar arbitrariamente a los participantes, siempre afines a la administración de turno.
La pre normativa establece un subsidio a los salarios más bajos en el contexto de su llamada “agenda social”. Especialistas analizan los alcances de la propuesta y que tal significativa será para las trabajadoras y trabajadores que están en este rango remuneracional.
“El Gobierno de Sebastián Piñera, y particularmente el Presidente, elude toda la responsabilidad política que tiene el haber decretado un Estado de Emergencia, sacar más de 10 mil soldados a la calle”, sostuvo la diputada del Partido Comunista Carmen Hertz.
En la Cámara de Diputados se presentó, este martes, el libelo que contiene la acusación en contra del ex titular de Interior. Luego del sorteo, la instancia quedó conformada por los UDI Sergio Gahona, Joaquín Lavín y Jaime Bellolio, la parlamentaria RN Catalina del Real y el socialista Marcos Ilabaca.
Integrantes de la Defensoría Popular pertenecientes a diversas organizaciones y cooperativas jurídicas indicaron que la acción legal pretende profundizar en las responsabilidades políticas del Presidente ante las constantes vulneraciones a los derechos fundamentales de las personas.
Alejandra Bravo fue denunciada por ofrecer terrenos a cambio de firmar en el nuevo partido de su marido, Eduardo Salas, ex presidente y consejero general del PRI que fue expulsado de la colectividad en abril pasado.
