Llegar a la verdad en la investigación del llamado Caso Caval, y que este no interfiera en el desarrollo del programa de gobierno, son las preocupaciones que tienen en la Nueva Mayoría acerca de los antecedentes que vinculan a Natalia Compagnon con Andrónico Luksic, a pesar que el empresario desmintió una relación laboral entre ellos. Ante esto, el diputado socialista Juan Luis Castro valoró la aprobación de la comisión investigadora sobre este caso y espera que se profundicen las medidas pro transparencia en el mundo público
En entrevista con La Segunda, la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, se refirió por primera vez a las consecuencias generadas por el llamado caso Caval, empresa de la que es dueña en un 50%, y aseguró que la Mandataria no sabía nada sobre sus negocios. Además aprovechó de pedir disculpas a todos quienes se puedan haber visto afectados por sus acciones, “especialmente a mi suegra”, señaló.
En el marco de la investigación del llamado caso Caval, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles la creación de una comisión que aborde las eventuales irregularidades que podrían haber ocurrido en la compra de terrenos en la comuna de Machalí, a la espera del cambio del Plan Regulador Comunal, lo que haría incrementar su precio.
En conversación con corresponsales extranjeros, en el Palacio de La Moneda, la Presidenta Michelle Bachelet aseguró que no ha pensado en renunciar ni lo hará, ante los rumores que aseguran que la Mandataria habría barajado la posibilidad de dejar el cargo. Además, se refirió al caso Caval, sostuvo que no tuvo conocimiento de la reunión entre su hijo, Sebastián Dávalos, y el vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic en donde la empresa consiguió el crédito por 6 mil 500 millones de pesos para la compra de los terrenos en Machalí.
En calidad de imputada, la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon llegó a la Fiscalía de Rancagua para declarar en el marco de la investigación del caso Caval, por la compra de terrenos de 44 hectáreas en la comuna de Machalí, para el cual, la empresa se consiguió un crédito de 6 mil 500 millones de pesos a través del Banco de Chile.
El oficialismo, casi en su totalidad, solicitó al Ministerio Público que acote el tiempo en su investigación en el marco del caso Penta y SQM, luego de finalizar uno de los comités políticos más tensionados del último tiempo. Los presidentes del oficialismo descartaron que esto signifique una amnistía o un “perdonazo”, pero sostuvieron que es necesario que la Fiscalía actué con rapidez y así evitar que se genere una ola de rumores y un ambiente de incertidumbre en el país.
A través de una declaración pública, el vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic refutó los dichos emitidos por el ex asesor de Caval, Sergio Bustos quien aseguró que fue el mismo Luksic quien pidió la presencia de Sebastián Dávalos en la reunión en la que le fue otorgado el polémico crédito por 6 mil 500 millones de pesos a la empresa de Natalia Compagnon y Mauricio Valero. El empresario respondió que fue Bustos quien solicitó dicho encuentro a nombre de Dávalos, Compagnon y Valero, y que “mienten quienes insinúan o afirmar cualquier otra cosa distinta”.
Aún faltan tres años para que concluya este gobierno, pero en las circunstancias actuales Bachelet ya exhibe todos los síntomas del “pato cojo”. Una solución política que contemple a un ministro del Interior fuerte, que efectivamente ejerza el liderazgo, y a una Presidenta dedicada a cortar las cintas de pomposas inauguraciones parece ser una salida viable. Sería la forma local y momentánea de contar con un semi-presidencialismo al estilo francés.
No hay duda que la caja abierta luego de la última denuncia del SII está dejando una lista de recriminaciones, defensas corporativas, dardos al actual gabinete y una “cocina” de acuerdos. ¿Cuál es el siguiente paso? Se preguntan muchos. El “caiga quién caiga”, las soluciones transversales de la “vieja guardia” o un mensaje más enérgico que considere “sanciones morales” o convocar a la AC. Los casos Penta, SQM y Caval están poniendo en el banquillo a la clase política.
En medio de las recientes revelaciones sobre una lista de personas –en la que figuran políticos y personas vinculadas a funcionarios públicos-, que habrían entregado boletas falsas a Soquimich, la clase política se defiende de estas acusaciones. Primero, fue el senador y flamante presidente de la DC, Jorge Pizarro quien salió al paso de estas imputaciones, y más tarde fue la misma Presidenta Bachelet quien llamó no destruir la “honra de personas que a lo mejor no han hecho nada de esto”. Sin embargo, desde el oficialismo se alzan voces críticas frente a quienes se han visto involucrados en el caso SQM.
Mediante una declaración pública, un grupo de militantes de la Democracia Cristiana exigen que los militantes de la Falange que estén involucrados en la emisión de boletas y facturas falsas “suspendan voluntariamente, y desde ahora, el ejercicio de sus derechos militantes y entreguen al Tribunal Supremo del Partido y a las autoridades encargadas de investigar, todos los antecedentes que obren en su poder”, como es el caso del senador y recientemente electo presidente de la colectividad, Jorge Pizarro. Además, anunciaron que este lunes presentarán una petición ante el Tribunal Supremo de la DC para que inicie una investigación sobre este caso.
La ministra Claudia Barattini dijo a Radio Universidad de Chile que el proyecto que crea la nueva institucionalidad será presentado el próximo mes. Mientras se cierran los plazos de consulta y participación ciudadana, los trabajadores del CNCA expresaron duros cuestionamientos al proceso.
