Recordemos que la prisión preventiva ha estado fuertemente en la palestra a raíz de los llamados “presos de la revuelta”, quienes se encuentren cumpliendo esta medida, en muchos casos, sin tener pruebas concretas que la justifiquen, de hecho, gran parte de ellos han quedado, finalmente, libres.
De forma unánime, la Corte de Apelaciones de Temuco acogió la solicitud que presentó la Fiscalía de La Araucanía, en contra de Carlos Alarcón, Raúl Avila y Braulio Valenzuela.
En entrevista con nuestro medio, el abogado y ex Fiscal Nacional del Ministerio Público descartó la existencia de presos políticos producto del estallido y criticó la “inconsecuencia” de un gobierno que no ha sabido reconocer explícitamente los graves atropellos a los derechos humanos ocurridos en Chile.
“La prisión política exige una salida política”, declaró el el secretario general de la confederación bancaria y vocero nacional de la coordinadora NO+AFP, Luis Mesina.
Desde el frontis del Palacio de Tribunales, decenas de familias hicieron un llamado a las autoridades para que se dé curso a una ley que absuelva y deje en libertad a quienes hoy son sindicados por el Gobierno y el Ministerio Público como autores de desórdenes en el contexto del estallido social.
El 7mo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago desestimó las pruebas de la Fiscalía Oriente y ordenó la liberación inmediata de Daniel Morales (35) y su sobrino de 16 años, quienes estuvieron más de 10 meses en prisión preventiva acusados del incendio ocurrido el 18 de octubre de 2019.
En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el abogado y ex fiscal, Carlos Gajardo, abordó el debate en torno a las extensas y desproporcionadas medidas cautelares que se le han aplicado a jóvenes que fueron detenidos por desórdenes públicos en el contexto del estallido de octubre pasado.
El también conocido como “El Temucano” había sido formalizado por delitos de abuso sexual y violación. “Hay que emplazar al Estado de Chile para que de una vez se haga cargo del problema”, insistió la directora de ABOFEM, Bárbara Sepúlveda.
Además, se establecieron 90 días de investigación.
La primogénita de Alberto Fujimori cumplía 15 meses de prisión preventiva desde el 29 de enero como parte de una investigación de la fiscalía, por el presunto lavado de activos por aportes ilícitos que habría recibido de Odebrecht.
La mañana de este miércoles el magistrado del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ordenó la modificación de las medidas cautelares de trece imputados de prisión preventiva a arresto domiciliario. Ahora el Tribunal de alzada ordenó una investigación sumaria en su contra y lo suspendió de sus funciones mientras ésta se desarrolle.
Matías Ugalde es su nombre, mismo que está casado, desde 2003, con Valeria Palma Bancalari, quien también fuera formalizada por la misma causa.
