En una Carta Pública que suma la adhesión de casi un centenar de organizaciones, dirigentes sindicales e individualidades, la FENAFUCH exige la liberación de las y los presos políticos de la revuelta social.
La concurrencia a Santiago 1 tuvo como objetivo conocer la situación sanitaria y humanitaria en que se encuentran quienes están privados de libertad.
Los internos de diversas cárceles además acusan que en medio de la pandemia se les ha restringido la posibilidad de las visitas y de comunicación con sus familias. Según lo informado por la agrupación de apoyo a los presos, luego de la entrevista televisada de Mauricio Hernández Norambuena, Gendarmería ha implementado un protocolo de comunicación que prácticamente les imposibilita el tener contacto con sus cercanos.
Recordemos que la prisión preventiva ha estado fuertemente en la palestra a raíz de los llamados “presos de la revuelta”, quienes se encuentren cumpliendo esta medida, en muchos casos, sin tener pruebas concretas que la justifiquen, de hecho, gran parte de ellos han quedado, finalmente, libres.
De forma unánime, la Corte de Apelaciones de Temuco acogió la solicitud que presentó la Fiscalía de La Araucanía, en contra de Carlos Alarcón, Raúl Avila y Braulio Valenzuela.
En entrevista con nuestro medio, el abogado y ex Fiscal Nacional del Ministerio Público descartó la existencia de presos políticos producto del estallido y criticó la “inconsecuencia” de un gobierno que no ha sabido reconocer explícitamente los graves atropellos a los derechos humanos ocurridos en Chile.
“La prisión política exige una salida política”, declaró el el secretario general de la confederación bancaria y vocero nacional de la coordinadora NO+AFP, Luis Mesina.
Desde el frontis del Palacio de Tribunales, decenas de familias hicieron un llamado a las autoridades para que se dé curso a una ley que absuelva y deje en libertad a quienes hoy son sindicados por el Gobierno y el Ministerio Público como autores de desórdenes en el contexto del estallido social.
El 7mo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago desestimó las pruebas de la Fiscalía Oriente y ordenó la liberación inmediata de Daniel Morales (35) y su sobrino de 16 años, quienes estuvieron más de 10 meses en prisión preventiva acusados del incendio ocurrido el 18 de octubre de 2019.
En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el abogado y ex fiscal, Carlos Gajardo, abordó el debate en torno a las extensas y desproporcionadas medidas cautelares que se le han aplicado a jóvenes que fueron detenidos por desórdenes públicos en el contexto del estallido de octubre pasado.
El también conocido como “El Temucano” había sido formalizado por delitos de abuso sexual y violación. “Hay que emplazar al Estado de Chile para que de una vez se haga cargo del problema”, insistió la directora de ABOFEM, Bárbara Sepúlveda.
Además, se establecieron 90 días de investigación.
