El movimiento Cónclave Social se reunió con la Presidenta para plantear sus inquietudes sobre el proceso constituyente y demostraron su preocupación por la censura de algunos temas y la falta de pluralismo y paridad de género del Consejo de Observadores.
Chilenos en el extranjero exigen al Gobierno sumarse al proceso de elaboración de la Nueva Constitución y facilitar las herramientas para realizar cabildos. Mientras el Consejo de Observadores discute y alista una iniciativa en esa dirección.
Las inquietudes radican principalmente respecto de los derechos sociales y colectivos, considerando que en marzo se adoptarán una serie de definiciones para configurar el proceso de participación ciudadana. La autodeterminación de los pueblos aparece como una de las exigencias prioritarias.
Para el parlamentario cercano a la DC, el retraso es evidente. Incluso se transformaría en un tema de campaña de las próximas presidenciales, dando paso a que el próximo gobierno deseche todo lo avanzado. Críticas que también surgen desde los partidos y del Consejo Ciudadano de Observadores.
TANIA GONZÁLEZ
En medio de la polémica salida del administrador de la Moneda, Cristián Riquelme, y la reincorporación de la Presidenta Michelle Bachelet a La Moneda, la oposición criticó el liderazgo del Gobierno, la forma en que lleva la Reforma Constitucional y advirtió recorte presupuestario para este año.
El experto constitucional y presidente del Consejo de Observadores del proceso constituyente, hizo un primer balance de los obstáculos que enfrentan y de los avances alcanzados. Entre ellos, un desafío inmediato es la elección de facilitadores ciudadanos, proceso que está en marcha a través del sitio web serviciocivil.gob.cl.
Este domingo el Gobierno iniciará al concurso público para la selección de 216 encargados de dirigir los cabildos del proceso constituyente. Desde el movimiento sugieren que si el Ejecutivo desea dar espacio a las opiniones de la ciudadanía, deberá generar una mejor comunicación.
No son pocos los que piensan que el inicio de los “diálogos ciudadanos” es la oportunidad para un reencantamiento con la política. Sin embargo, también surgen suspicacias sobre la cooptación que generarían las colectividades en el camino hacia la nueva Constitución.
Como parte del proceso constituyente anunciado por el Gobierno, desde diversos sectores consideran la instancia como excluyente, innecesaria y con una sobrerrepresentación de la derecha. Incluso, que pudiera ampliarse e incorporar a otros sectores que no fueron considerados.
El Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Davor Harasic, entregó a la presidenta Michelle Bachelet un libro que recopila las 63 exposiciones del “Ciclo de Discusiones sobre Proceso Constituyente y Constitución Política”, que reúne diversas posturas de académicos y constitucionalistas sobre una nueva Carta Magna.
Tras dar el puntapié inicial a la Comisión de Asuntos Constitucionales del bloque opositor, su presidente, el senador RN Alberto Espina, también destacó que en los cambios a la Carta Fundamental se debe buscar un equilibrio entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Si bien analistas y legisladores no dudan de la legitmidad “jurídica” del Parlamento, consideran que la nueva Constitución y el mecanismo para alcanzarla es muy importante como para dejarla en manos de una institución cuestionada por la relación entre dinero y política.
«Chile está siguiendo el camino de los países que han fracasado”, declaró de manera tajante el ex presidente Sebastián Piñera, en el marco de un seminario organizado por la Sofofa, en el cual criticó el proceso constituyente y la Reforma Laboral que impulsa el Ejecutivo, al mismo tiempo que llamó a endurecer las penas en los casos de colusión.
Matías Sagredo, representante del Movimiento por la Asamblea Constituyente, criticó el intento del Gobierno y la Nueva Mayoría por encerrar el cambio constitucional en un grupo, mientras que llamó la atención en el interés del empresariado por no perder los privilegios que mantienen gracias a la carta de 1980.
Matías Sagredo, representante del Movimiento por la Asamblea Constituyente, criticó el intento del Gobierno y la Nueva Mayoría por encerrar el cambio constitucional en un grupo, mientras que llamó la atención en el interés del empresariado por no perder los privilegios que mantienen gracias a la carta de 1980.
Agrupaciones como la CPC y la Sofofa han criticado duramente la posibilidad de que se modifiquen las actuales condiciones que por tantos años las han beneficiado. Mientras que las exigencias de distintos sectores apuntan precisamente a regulación y legitimación social.
Son diversas las instancias en las que el proceso constituyente está generando revuelo, y no precisamente por sus contenidos. Y es que el ex secretario general de la OEA José Miguel Insulza cuestionó que las propias autoridades de Gobierno hablen con tanta recurrencia de la ilegitimidad de la actual Constitución.