En el fallo, el máximo tribunal del país responsabiliza al Estado por su incumplimiento en establecer medidas de prevención y no ejercer control sobre las conductas ilícitas de las empresas contaminantes de la zona.
La empresa decidió cancelar la actividad familiar que había organizado para este sábado. Esto, luego de que el Colegio Médico Regional de Valparaíso, a través de su departamento de Derechos Humanos, Medio Ambiente y Biodiversidad, la catalogara como una acción de riesgo para la salud de la comunidad por realizarse en una zona saturada.
Este lunes entró en vigencia la iniciativa desarrollada para las comunas de Quintero, Puchuncaví y Concón, que busca mitigar las acciones contaminantes de empresas como Codelco Ventanas, AES Gener y ENAP.
El reciente derrame de una sustancia oleosa en la bahía de Quintero hizo creer que la atención de las autoridades se posaría nuevamente en el complejo Ventanas, pero el poco peligro que representaba para los habitantes descartó completamente esta idea. La ausencia de las municipalidades de Quintero y Puchuncaví del proceso instaló la tensión en la comunidad.
Son doce acciones legales que interpusieron los habitantes de la zona y ONGs, que tienen como objetivo obligar a diversos organismos del Estado y empresas cuestionadas a implementar medidas efectivas que prevengan nuevos episodios de contaminación como los ocurridos el año pasado.
Responsabilidades políticas, escasa colaboración del Estado y una legislación permisiva con las industrias contaminantes, son algunas de las conclusiones que se plasman en el informe entregado por la instancia parlamentaria surgida a raíz de las intoxicaciones masivas sufridas por los habitantes de las localidades costeras.
“Oxiquim tiene cargos por almacenar sustancias peligrosas en estanques que no tenían las autorizaciones correspondientes”, recordó Marta Aravena, vocera de la “Plataforma No al Terminal Multipropósito Oxiquim”.
En agosto de 2018 se registró el primer episodio de contaminación que desencadenó la catástrofe ambiental en Quintero, Puchuncaví y Ventanas. Fueron meses de movilización por parte de los habitantes que exigían la paralización del cordón industrial. En la actualidad, el Ministerio Público está a cargo de la investigación que busca establecer la responsabilidad de las industrias en el caso, mientras el Gobierno aún intenta establecer cuales fueron los gases contaminantes.
Una vez más Playa Ventanas se vio contaminada por el material que utilizan las empresas de la zona. A pesar de que durante los últimos años se han registrado más de 500 episodios de este tipo, las organizaciones sociales aseguran que se ha normalizado la situación y que no existen, por el momento, acciones para mitigar la contaminación.
Después de realizada la presesión del Examen Periódico Universal en Ginebra, la delegación chilena, encabezada por la abogada Cristina Lux y la activista Katta Alonso, exigieron un cambio en la normativa actual con respecto a las industrias que conviven en las zonas de sacrificio, además de exámenes toxicológicos para la población vulnerable.
Con una comitiva de mujeres conformada por la dirigente ambiental Katta Alonso y las abogadas Cristina Lux y Alejandra Donoso, este martes se expuso en la sede de la ONU en Ginebra la problemática medioambiental con la que conviven los habitantes de Quintero y Puchuncaví.
Estudiantes de Quintero y Puchuncaví, junto a miembros de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), se manifestaron afuera de una de las empresas sindicadas como responsable de la catástrofe ambiental en la zona de la quinta región. Para este jueves está convocada una marcha nacional. En Santiago la concentración será en Plaza Italia a las 18:30 horas.
El desastre ambiental ocurrido en Quintero y Puchuncaví ha derivado en una jornada solidaria de movilización nacional para este jueves. Miles de personas, en diferentes localidades del país, protestarán por la contaminación y proyectos mineros extractivistas que afectan a sus territorios.
La seremi de Medio Ambiente de Valparaíso, María Victoria Gazmuri, advirtió un posible error en las primeras mediciones de la emergencia ambiental que arrojaron la presencia de metilcloroformo en el aire de Quintero. El compuesto que habría detectado el equipo de monitoreo está prohibido en Chile por el acuerdo de Montreal que busca la protección de la capa de ozono.
La nueva acción criminal pide que se dicten diligencias para que los organismos públicos entreguen los antecedentes que han sustentado las medidas decretadas por el gobierno que limitan el funcionamiento de las industrias que estarían contaminando a los habitantes de las comunas de Quintero y Puchuncaví.
Birgit Gerstenberg, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos del Sur, manifestó que las firmas responsables de la contaminación en la zona deben ser sancionadas.
Desde las organizaciones ciudadanas en la zona de sacrificio valoraron las diligencias que se dan en el contexto de la investigación que realiza el Ministerio Público debido a las múltiples intoxicaciones que afectan a los habitantes del sector.
