La participación ciudadana, dificultada por las normativas vigentes, han dado muestra de ser efectivas si son persistentes y organizadas. Al mismo tiempo en el país se aprueban proyectos hidro eléctricos, termoeléctricos, gasíferos, mineros y de otras áreas que afectan y dañan sistemáticamente el medio ambiente. Acá el detalle de algunos de los conflictos.
Organizaciones ciudadanas del valle del Huasco denuncian que Punta Alcalde podría reiniciar sus trabajos. Esto, por la normativa que facilita la implementación de mega proyectos ambientales.
Un día después de que Endesa anunciara su decisión de detener el desarrollo del proyecto termoeléctrico Punta Alcalde y que confirmara que el megaproyecto energético HidroAysén no está en su portafolio de trabajos, comienzan los análisis ante una decisión considerada como “casi evidente” por parte de especialistas y dirigentes sociales.
Con sorpresa recibieron en la región de Atacama la posibilidad que Enersis decida suspender el proyecto termoeléctrico Punta Alcalde. De acuerdo a lo que se filtró desde Enersis, la paralización de algunos proyectos mineros y la incertidumbre respecto de la interconexión del SIC y el SING motivarían la resolución.
El ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, se reunió con el alcalde de Huasco, Rodrigo Loyola, y con organizaciones sociales para presentar el Plan de Recuperación Ambiental, y ampliar el diálogo. Ante lo cual, organizaciones sociales se mantienen escépticas, y esperan ver acciones para recuperar la confianza.
Junto con entregar una carta en La Moneda, movimientos sociales plantean la urgencia de una reactivación económica de la zona del Valle del Huasco. Sin embargo, otros sectores aseguran que la región puede funcionar sin la presencia de grandes empresas, como es el caso de Agrosuper.
Las reacciones ante la aprobación de la termoeléctrica Punta Alcalde, en el Valle del Huasco, resaltan la sorpresa por el veredicto y que el tema no termina con este fallo. Desde la ciudadanía si bien señalan que no queda más que “acatar el fallo”, advierten que no será fácil para Endesa cumplir con el plan de mitigación exigido desde el Poder Judicial. En ello, subrayan la postura del ministro y presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz.
La Corte Suprema resolvió autorizar a la central termoeléctrica de Endesa. En fallo dividido, los ministros que componen la Tercera Sala, rechazaron los recursos de protección interpuestos por los opositores al proyecto.
En los próximos días la empresa Endesa podría recibir un nuevo golpe a sus pretensiones de comenzar a operar en diversos proyectos que posee dentro del país. La tercera sala de la Corte Suprema se apronta a dar a conocer el fallo sobre el recurso de protección que interpusieron grupos opositores al proyecto Punta Alcalde, en la Región de Atacama, luego de que en agosto de 2013 una resolución de primera instancia ordenara la paralización de la termoeléctrica.
La preocupación por la escasez de proyectos energéticos al 2020, la judicialización de las iniciativas y el aumento de los costos de la luz a futuro fueron las principales preocupaciones que los empresarios del rubro le plantearon al Presidente Sebastián Piñera en el encuentro que se concretó este jueves. Sobre estos temas se pronunció la autoridad de Energía y especialistas en la materia.
Según trascendidos, la Corte Suprema habría decidido paralizar la construcción de la termoeléctrica Punta Alcalde. Ante esto, ambientalistas hicieron un llamado al Máximo Tribunal a pronunciarse y aclarar su posición, mientras abogados y organizaciones sociales analizaron los impactos de esta posible resolución.
En la Tercera Sala de la Corte Suprema se llevó a cabo este miércoles la última de las dos jornadas de alegatos referidos al Proyecto Central Termoeléctrica Punta Alcalde, que la empresa italiana Endesa pretende construir en la comuna de Huasco, región de Atacama. Esta vez fue el turno de los abogados que representan a las comunidades locales que se oponen a este proyecto, quienes insistieron en que el Gobierno, a través del Comité de Ministros, se excedió en tus atribuciones legales al permitir este proyecto, luego que la Comisión Ambiental de Atacama lo rechazara. El fallo quedó “en acuerdo”, lo que significa que la Corte dictará resolución en los próximos días.
La transnacional Endesa dijo ante la Corte Suprema que el proyecto de la central termoeléctrica a carbón “Punta Alcalde”, que pretende llevar a cabo en la comuna de Huasco, es “el mejor y más moderno proyecto térmico en la historia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”. A su vez, el Gobierno defendió su autoridad para revertir el rechazo que se dio a este proyecto a nivel regional. Todo lo anterior, en el trasfondo de la primera de dos jornadas de alegados que se realizan en la Tercera Sala de la Corte Suprema, donde se revisan cuatro recursos de protección que enfrentan a comunidades locales versus Endesa y el Gobierno.
Esto después de que hace unos días se aplazara la decisión debido a la necesidad de las defensas de revisar los antecedes del caso, según confirmó el abogado de la municipalidad, Carlos Mora.
La Corte Suprema deberá resolver en los próximos días sobre la solicitud de recusar la integración de la tercera sala del máximo tribunal, luego que la comunidad de Huasco demandara que la decisión sobre el proyecto termoeléctrico “Punta Alcalde” sea tomada sólo por ministros de carrera del Poder Judicial. El Gobierno, por su parte, insistirá a través del nuevo abogado del Servicio de Evaluación Ambiental, Jorge Bofil, en que este proyecto se convierta en la planta termoeléctrica número 240 de Chile.
Esto debido a la contratación por parte del Servicio de Evaluación Ambiental del abogado Jorge Bofill para la defensa del organismo en la Corte Suprema, ante el recurso aprobado en la Corte de Apelaciones, que dio la razón a la comunidad sobre la inviabilidad del proyecto Punta Alcalde.
El Comité de Ministros confirmó que apelará ante la Corte Suprema por la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago de paralizar el proyecto termoeléctrico Punta Alcalde. Ante esto los opositores a la iniciativa denunciaron un exceso de receptividad del gobierno ante la presión de las grandes empresas y desinterés por la salud de la ciudadanía.
