El informe solicitado por la Defensoría de la Niñez concluyó que el Estado de Chile no ha cumplido la Convención sobre los Derechos del Niño.
Con enormes proyecciones al costado de la planta termoeléctrica a carbón Campiche, de la empresa norteamericana AES Gener, Greenpeace y los vecinos de la zona de Quintero-Puchuncaví hicieron un llamado al Presidente Sebastián Piñera a comprometerse con acciones concretas en las llamadas “zonas de sacrificio”.
El análisis realizado por el Instituto Noruego de Investigación del Aire (NILU) en la zona de Quintero, Puchuncaví y Concón, luego de las intoxicaciones masivas del año pasado, ya tiene resultados preliminares, los que dieron cuenta de una alta presencia de Compuestos Orgánicos Volátiles en Concón.
En el fallo, el máximo tribunal del país responsabiliza al Estado por su incumplimiento en establecer medidas de prevención y no ejercer control sobre las conductas ilícitas de las empresas contaminantes de la zona.
Este lunes entró en vigencia la iniciativa desarrollada para las comunas de Quintero, Puchuncaví y Concón, que busca mitigar las acciones contaminantes de empresas como Codelco Ventanas, AES Gener y ENAP.
El reciente derrame de una sustancia oleosa en la bahía de Quintero hizo creer que la atención de las autoridades se posaría nuevamente en el complejo Ventanas, pero el poco peligro que representaba para los habitantes descartó completamente esta idea. La ausencia de las municipalidades de Quintero y Puchuncaví del proceso instaló la tensión en la comunidad.
Son doce acciones legales que interpusieron los habitantes de la zona y ONGs, que tienen como objetivo obligar a diversos organismos del Estado y empresas cuestionadas a implementar medidas efectivas que prevengan nuevos episodios de contaminación como los ocurridos el año pasado.
Responsabilidades políticas, escasa colaboración del Estado y una legislación permisiva con las industrias contaminantes, son algunas de las conclusiones que se plasman en el informe entregado por la instancia parlamentaria surgida a raíz de las intoxicaciones masivas sufridas por los habitantes de las localidades costeras.
“Oxiquim tiene cargos por almacenar sustancias peligrosas en estanques que no tenían las autorizaciones correspondientes”, recordó Marta Aravena, vocera de la “Plataforma No al Terminal Multipropósito Oxiquim”.
En agosto de 2018 se registró el primer episodio de contaminación que desencadenó la catástrofe ambiental en Quintero, Puchuncaví y Ventanas. Fueron meses de movilización por parte de los habitantes que exigían la paralización del cordón industrial. En la actualidad, el Ministerio Público está a cargo de la investigación que busca establecer la responsabilidad de las industrias en el caso, mientras el Gobierno aún intenta establecer cuales fueron los gases contaminantes.
La iniciativa contempla el control y la reducción de emisiones a las empresas de la zona, con una fiscalización permanente de la Superintendencia del Medio Ambiente, el rediseño de la red de monitoreo y gestión de episodios críticos durante todo el año, entre otras medidas.
Después de realizada la presesión del Examen Periódico Universal en Ginebra, la delegación chilena, encabezada por la abogada Cristina Lux y la activista Katta Alonso, exigieron un cambio en la normativa actual con respecto a las industrias que conviven en las zonas de sacrificio, además de exámenes toxicológicos para la población vulnerable.
