Más de 150 agrupaciones de Chile, América Latina, Europa y Oceanía entregaron una carta en La Moneda para pedir al Ejecutivo dar marcha atrás con la iniciativa constitucional. Además, llamaron al Congreso a rechazar la idea de legislar el proyecto.
A cuatro años de la derrota del Apruebo, el gremialista reflexionó sobre el primer proceso constitucional. Además, abordó la agenda de seguridad y dijo que el Ejecutivo “entendió” el error de comunicar la reforma constitucional como medida principal.
El presidente de Republicanos señaló que, ante un escenario en que Jara hubiera presentado un estado de excepción bajo las mismas condiciones que planteó el Ejecutivo, tendría “la tranquilidad” de que se necesita la aprobación del Congreso.
Según el Consejo Regional Metropolitano de la tienda, el planteamiento apunta directamente a las diferencias que podrían existir entre las actuaciones recientes del parlamentario y las posiciones adoptadas por la colectividad.
El investigador del IES calificó como una “caja de Pandora” la cumbre de ultraderecha que se realizará en Santiago. Por otro lado, cuestionó el tono de “populismo autoritario” de la reforma constitucional de seguridad del Ejecutivo.
El académico de la U. de Chile aseguró que la iniciativa es “manifiestamente iliberal” y afirmó que los militares obtendrían resultados relativos, “porque lo que realmente se necesita para combatir el narcotráfico es inteligencia policial”.
El exministro del Interior cuestionó a los dirigentes republicano por criticar a Fontaine, Couso y Peña tras sus observaciones respecto a la reforma de seguridad. “Esos comentarios son de una superioridad moral que dificulta el diálogo”, criticó.
El exministro de Justicia y Seguridad advirtió que la reforma del Gobierno constituye “un riesgo institucional muy grande, no solo en acumular poder al Ejecutivo, sino que en la manera de entender el sistema de derechos y del castigo”.
El parlamentario del Partido Republicano respondió a las críticas del oficialismo y defendió la reforma constitucional de seguridad como una herramienta “necesaria” para recuperar el orden en zonas afectadas por el crimen organizado.
La diputada y jefe de bancada gremialista defendió el proyecto de seguridad del Ejecutivo. Sin embargo, enfatizó que debe existir más diálogo con los parlamentarios para modificar el nuevo estado de excepción constitucional.
El Jefe de Estado se mostró dispuesto a revisar los 120 días del nuevo estado de excepción y precisó que las facultades quedarán definidas en una ley orgánica constitucional.
El Gobierno tramitará la enmienda con urgencia simple para viabilizar el proyecto. Mientras el oficialismo valora la apertura del diálogo, desde la oposición acusaron un primer fracaso y alertaron de un afán autoritario.
El ministro García Ruminot adelantó que evaluarán bajar la urgencia de la iniciativa para facilitar un debate legislativo más amplio y alcanzar acuerdos en el Senado.
El timonel de Evópoli criticó la falta de diálogo del Ejecutivo y advirtió que su sector no respaldará la propuesta actual, marcando distancias con un modelo autoritario.
La presidenta del PS afirmó que rechazará la iniciativa si avanza en los términos presentados por el Ejecutivo y adelantó que la oposición trabaja en una propuesta propia junto a un grupo de juristas constitucionalistas.
“Hay contenidos completamente iliberales dentro del proyecto, pero hay que ver hasta dónde llega el Gobierno”, dijo el sociólogo. A su juicio, la propuesta del Ejecutivo es una estrategia para correr los márgenes de negociación en el Congreso.
La exintegrante de la Comisión Experta del Consejo Constitucional además cuestionó que el nuevo estado de excepción que propone el Gobierno entregue al Presidente facultades “equivalentes” a las de un contexto de guerra externa.
