Reacciones desde distintos sectores generó la quema de 28 camiones en San José de la Mariquina, en la región de Los Ríos. Desde el Gobierno calificaron los hechos como “un atentado” y anunciaron la aplicación de la Ley Antiterrorista. Mientras, abogados criticaron la aplicación de la normativa asegurando que “ésta sólo agudiza el conflicto”.
Este lunes, en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, comenzará el juicio por el delito de incendio con resultado de muerte en contra del matrimonio Luchsinger Mackay, por el que hay 11 imputados, de los cuales nueve llevan más de un año en prisión preventiva. Sus abogados aseguran, que no existen las pruebas suficientes para condenar a los comuneros.
A poco más de un mes del inicio del juicio oral contra los 11 imputados en la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay, la Fiscalía informó el hallazgo de una “nueva prueba”, la cual correspondería a un arma que la PDI incautó en agosto de 2016. En tanto, Rodrigo Román, uno de los abogados de la defensa, explicó que el Ministerio público está fuera de los plazos para presentar nuevos antecedentes.
Esto en un juicio derivado del caso Luchsinger-Mackay donde se acusaba a Sabino Catrilaf. Mientras por la indagatoria del matrimonio fallecido en 2013, abogados defensores de los 11 acusados de incendio terrorista con resultado de muerte, adelantaron su estrategia ante el litigio que se concretará a partir del próximo 21 de agosto.
La nueva Ley Antiterrorista, que actualmente se encuentra en su primer trámite constitucional, es parte de la lista de 48 iniciativas que el Gobierno espera aprobar antes de que culmine el mandato de Michelle Bachelet. La medida estaría orientada a perseguir a sujetos que cometen ilícitos de esta naturaleza y que no se amparan en organizaciones terroristas.
Los defensores de los comuneros mapuches en el caso Luchsinger Mackay esperan que el Ministerio Público responda a la orden de la justicia y entregue las pruebas en contra de los imputados que están actualmente en prisión preventiva.
Cuatro pactos de partidos y movimientos de izquierda, más allá de los dos grandes conglomerados políticos, se presentarán para las próximas elecciones municipales. El escenario nuevamente muestra un sector altamente fragmentado, tal como ocurrió en las pasadas elecciones presidenciales y parlamentarias.
Polémica causó la decisión de la Corte Suprema de anular la sentencia en contra de un joven que fue sorprendido portando marihuana gracias a un control preventivo de identidad. Abogados penalistas sostienen que la decisión del máximo tribunal se ajustó a derecho y acusan a los parlamentarios de desinformar a la población.
En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, el abogado integrante de la Defensoría Popular se refirió a los últimos casos de tortura a estudiantes por parte de Carabineros y aseguró que se trata de “una política institucional avalada por el gobierno”.
El caso de Roberto Zambrano puso sobre la mesa un duro cuestionamiento a las prácticas policiales, la excesiva violencia de Carabineros y el ensañamiento con dirigentes políticos estudiantiles. Además, revivió el fantasma de las prácticas de la dictadura a 26 años del retorno a la democracia.
El martes y miércoles de esta semana se discutirá en una comisión mixta de diputados y senadores, el proyecto de ley corta antidelincuencia presentado por el Gobierno. La normativa sigue en trámite legislativo por su cuestionada norma sobre control preventivo de identidad, la que encuentra fuerte rechazo en organizaciones sociales y parlamentarios de la Nueva Mayoría.
Distintas reacciones ha generado la aprobación de la normativa que fija la penalidad contra los responsables de agresiones a Carabineros y que no exige la comprobación de las lesiones con señales corporales visibles. Organizaciones de estudiante y abogados cuestionan que “se van a gnerar una multiplicidad de arbitrariedades”.
Los representantes de las familias de los jóvenes asesinados en Valparaíso el pasado 14 de mayo durante una manifestación social, afirmaron que enfrentarán el proceso judicial con estrategias distintas a la espera de una reunión con la fiscal a cargo del caso, Mónica Arancibia.
Representantes de organizaciones sociales y políticas denuncian que autoridades estarían minimizando las cifras de muertos y desaparecidos, porque no se ha considerado en el catastro la cifra de trabajadores extranjeros que se encontraban en campamentos que hoy están bajo el barro. Además no se estaría prestando la ayuda necesaria para quienes no pueden acceder a los centros de salud, las vacunas se habrían terminado.
El proyecto de ley con el que el Gobierno busca agravar las penas para crímenes que impliquen gran repercusión social, fue criticado tanto por la Corte Suprema, que envió un informe a la Cámara explicando por qué considera “objetable” la iniciativa, hasta abogados penalistas que consideran que se produce un desbalance en las sentencias de determinados delitos, y que se estaría haciendo un uso político del derecho penal.
Cuatro estudiantes que participaron de la toma que el Congreso tiene en Santiago, ocurrida en octubre de 2011, fueron condenados este sábado a trabajos comunitarios. El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago consideró que las manifestantes cometieron el delito de impedir la sesión de órganos legisladores y dispuso que cumplan 30 horas de servicio comunitario. […]
