No hay ninguna policía en el mundo con este nivel de autonomía, señalan los expertos. Y sostienen que avanzar en esta materia debe ser el corazón de cualquier reforma a las instituciones a cargo de la seguridad pública.
La socióloga experta en temas de seguridad, criticó las declaraciones del subsecretario del Interior Juan Francisco Galli, quien responsabilizó a las candidaturas de Provoste y Boric de los hechos de violencia. “Aquí hay una intromisión al proceso electoral”, sentenció.
El pasado 30 de octubre Rubén Rivas, Gilberto Mendoza y Esteban Bustos fueron detenidos en la comuna de Pedro Aguirre Cerda acusados de haber instalado barricadas en la línea férrea del tren central. Los tres denuncian una serie de irregularidades en la investigación llevada adelante por la Fiscalía, además de la aplicación de medidas cautelares excesivas.
“Políticas de seguridad pública con enfoque en derechos humanos” fue el nombre del foro organizado por la Comisión Chilena de Derechos Humanos y Radio Universidad de Chile, y que contó con la participación de la diputada Gael Yeomans, el sociólogo Diego Piñol, y el juez en representación de la Asociación de Magistrados, Rodrigo Carvajal, siendo el moderador nuestro director Patricio López.
La no firma del Tratado de Escazú, del Pacto Global para la Migración Segura de la ONU, eliminar la posibilidad de legislar sobre matrimonio igualitario, “Control de Identidad a menores” y “Calle segura”, y seguir aplicando la Ley Antiterrorista en contra el pueblo mapuche, son algunas de las críticas que hacen desde el organismo a las acciones impulsadas por el Ejecutivo.
La medida legislativa fue dada a conocer por el secretario de Estado durante la cuenta pública del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el senador PPD Felipe Harboe abordó las medidas de seguridad anunciadas por el gobierno de Sebastián Piñera. El nuevo presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara Alta aseguró que el mandatario está actuando de forma populista, y señaló que es necesario que la centroizquierda logre aclarar sus liderazgos para articularse como oposición.
El BID, el Gobierno de Chile y países de la región discutirán en Santiago de Chile sobre las innovaciones digitales y su aplicación en la cadena de valor de seguridad ciudadana y justicia.
La Alianza llegó este jueves al Palacio de la Moneda para incidir en el proceso de priorización del Gobierno, buscando hacer ver su postura sobre las reformas políticas y planteando la seguridad ciudadana como su gran preocupación.
Este tipo de robo no solo afecta a los bancos, los cuales ahora deberán aumentar las medidas de seguridad para evitar estos delitos, además, el gobierno les aplicará una multa de 40 millones de pesos por cada cajero asaltado. Estos hechos delictuales también perjudican a los usuarios debido a una merma del 12% de estos aparatos y muchos aparatos que están encendidos, pero sin efectivo disponible.
El Fiscal Nacional subrogante, Alberto Ayala, descartó que las investigaciones por bombazos hayan fracasado: “son de larga data”, dijo para argumentar en favor de la demora de los resultados. A su vez, funcionarios de la institución exigen que el gobierno dote de mayores recursos al sistema para poder mejorar los procesos de investigación.
En el nuevo Plan de Seguridad Nacional se incluyen aspectos comunales, barriales y nacionales. El rol barrial es rescatado por los expertos, quienes aseguran la importancia de trabajar en ese nivel.
El Ejecutivo confirmó que estudia implementar la propuesta de observatorio judicial, presentada en el Programa de Evelyn Matthei. La idea fue rechazada por la Corte Suprema y desde la Nueva Mayoría lo ven como una nueva demostración de intervencionismo.
Un extenso debate se augura para esta jornada en el Senado, donde se votará la polémica “Ley Hinzpeter”. Los movimientos sociales han enfatizado en que esta iniciativa solo busca criminalizar las protestas y están atentos a su posible aprobación, debido al apoyo que podrían prestarle algunos senadores de la Concertación.
La última cuenta pública del Presidente Piñera no estuvo libre de polémicas. A los anuncios como el “Bono de Maternidad” y el envío de proyectos de ley que criminalizan las movilizaciones sociales, se suman las omisiones en temas medioambientales y de derechos humanos.
