Desde el Servicio de Impuestos Internos afirmaron que la última querella por el ilícito se presentó en el pasado mes de marzo y que en los útlimos años se ha trabajado en el desarrollo de diversas estrategias para hacer frente al fenómeno.
La autoridad de la Región del Biobío denunció que el SII abandonó la fiscalización del robo de maderas desde el 2018, lo que fue considerado grave por la vocera de gobierno y contraproducente a la persecución del origen de los delitos.
El convencional constituyente y ex abogado querellante del caso SQM, valoró la decisión del Ejecutivo sobre desvincular a Fernando Barraza de la cabeza del SII. Esto considerando los graves hechos de corrupción que soslayó el organismo bajo la administración del ingeniero civil industrial.
El parlamentario solicitó además mayores plazos, ya que muchos municipios están recién en el proceso de instalación de las nuevas autoridades.
Recordemos que este miércoles, el Tercer Tribunal Oral de Santiago condenó a Jaime Orpis por cohecho y fraude al Fisco, pero lo absolvió de delitos tributarios.
“Acá se hizo un uso totalmente arbitrario de la legislación vigente para beneficiar y avalar la corrupción”, aseguró al respecto el diputado comunista, Daniel Núñez. Este miércoles, además, el director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, compareció ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados por el caso mencionado.
El ex diputado RN Alberto Cardemil acordó con la Fiscalía el pago de 10 millones de pesos a cambio de la suspensión condicional del proceso que se lleva en su contra por delitos tributarios, en torno al caso Penta. Cardemil fue formalizado en julio de 2015 por la emisión de dos boletas ideológicamente falsas al […]
Luego de que el SII decidiera no presentar querellas contra políticos investigados por financiamiento irregular, más voces se suman a la petición de entregar atribuciones a la Fiscalía para poder perseguir penalmente los delitos de “cuello y corbata”, sin tener que esperar el accionar del cuestionado servicio.
El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago condenó a Iván Eduardo Álvarez Díaz a 5 años de libertad vigilada por los delitos de cohecho pasivo, lavado de dinero y devoluciones de impuestos improcedentes.
La petición de la Fiscalía de España a que en Chile se investigue a Endesa por dineros pagados a campañas políticas, ha generado reacciones adversas al actuar tanto del Ministerio Público, como del SII, debido a que los antecedentes existían desde hace más de 15 meses. Parlamentarios de Chile Vamos acusaron parcialidad en el trato del SII, en tanto el abogado Mauricio Daza criticó la “inacción” de las instituciones fiscalizadoras.
La entidad presentó tres querellas, dos están relacionadas con el caso SQM, involucrando a 10 personas, y la tercera se dirige contra cinco contribuyentes anteriormente querellados en el caso Penta.
La decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago complica el futuro de las investigaciones judiciales sobre financiamiento ilícito de la política debido a que el argumento de la prescripción puede ser utilizado por las defensas de otros inculpados.
