El pago de las deudas deberá efectuarse a partir de diciembre de 2024. “Hay gente que va a recibir entre 400 pesos y gente que puede recibir cerca de 70 millones de pesos”, aseguró el superintendente de Salud, Víctor Torres.
Dentro de los cargos imputados a las instituciones de salud previsional están el traspaso de información errónea, cobros indebidos, la no entrega de medicamentos por falta de stock y falta de medicamentos en farmacias con las que tienen convenio.
La instancia ciudadana pidió a la Contraloría General de República que oficie al superintendente de Pensione, para que entregue a la fiscalía la información de los involucrados en las prácticas irregulares.
La Superintendencia de Medio Ambiente aclaró que la causa podría reactivarse al no cumplirse el programa presentado por la minera no metálica que recientemente aprobó el organismo regulador.
Las instrucciones entregadas por la Superintendencia de Salud afectan a los menores de dos años, mujeres en edad fértil y ancianos. El texto apunta a que la rebaja se aplique de forma automática a estas personas, cuando cambie el rango etario al que pertenecen, sin necesidad de interponer un reclamo.
La nueva autoridad fiscalizadora trabajó 27 años en Citibank, lo que para el economista y académico Víctor Salas, es un arma de doble filo, tomando en cuenta hacia dónde apuntarán sus compromisos.
Luego que la Superintendencia de Servicios Sanitarios impusiera una multa de 450 millones de pesos a Aguas Andinas por los cortes de agua de febrero pasado, organizaciones de consumidores pidieron que dichas sanciones económicas sirvan para compensar a los clientes directamente.
Peligra continuidad del recién designado superintendente de Medioambiente Cristián Franz. Organizaciones ciudadanas y parlamentarios presionan por su salida, luego que se conocieran sus vínculos de asesoría a grandes mineras y proyectos energéticos. Reunión de parlamentarios con el ministro, Pablo Badenier, sería clave para decidir el futuro de la autoridad ambiental.
Es el primer catastro de denuncias que realiza la Superintendencia de Educación Escolar y que fueron entregadas en el seminario “Herramientas para enfrentar el maltrato escolar en Chile”, coincidiendo con el primer año que cumple la entidad.
Recientes declaraciones de la ministra Carolina Schmidt merecieron los cuestionamientos de voceros del movimiento estudiantil, ya que la autoridad descartó incluir otros actores en la discusión de reformas como la Superintendencia del ramo. Dirigentes estudiantiles lamentan el enfoque político con el que el Gobierno estaría agudizando la crisis en la educación.
La ministra Carolina Schmidt realizó gestiones la semana pasada para que el proyecto de Superintendencia de Educación Superior prosperara en el Senado. Sin embargo, no es sólo la oposición y el movimiento social quienes creen que la mejor alternativa es retirar la iniciativa, ya que ésta “regulariza situaciones irregulares”.
Siguen las reacciones frente al segundo corte de agua que afectó a la capital en menos de un mes. Los consumidores llegaron a la Superintendencia a exigir indemnizaciones, mientras especialistas y autoridades locales advierten que “el tema del agua se va a ir agudizando cada vez más”.
Autoridades, parlamentarios y vecinos reaccionaron molestos con la empresa Aguas Andinas. Al segundo incidente de emergencia presentado en dos semanas, se le agrega que la empresa no dio información de manera oportuna y esperan que ésta se haga responsable por los daños causados tanto en viviendas como en enseres.
