La dirigenta de Chile Mejor sin TLC se refirió a la discusión que este martes sostendrá la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado en torno al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Uruguay, pacto que despierta profundas críticas en ambos países por entregar soberanía a empresas extranjeras en desmedro de los Estados.
La colectividad encabezada por el senador Álvaro Elizalde acordó impulsar la nacionalización del cobre en su última conferencia programática. Sin embargo, a comienzos de mayo sus diputados aprobaron la actualización del TLC con Canadá, con cláusulas que en la práctica cierran la puerta a esa posibilidad.
Durante los últimos meses ya se han aprobado actualizaciones a Tratados de Libre Comercio con Canadá, Hong-Kong y Uruguay. Para organizaciones sociales estos pactos restan soberanía al Estado de Chile.
La aprobación de este acuerdo complementario al TLC firmado en 2016, preocupa a la sociedad civil ya que, al igual que la actualización del TLC con Canadá, considera la protección irrestricta de inversiones extranjeras.
Por amplia mayoría los legisladores dieron visto bueno a esta iniciativa, que protege a las empresas canadienses para su desarrollo en la explotación de los recursos naturales de nuestro país.
Sigue generando controversia en el oficialismo uruguayo el tratado de libre comercio con nuestro país, el primero de este tipo que firmaría el país oriental. En paralelo, casi la totalidad del Frente Amplio chileno explicitó su rechazo a este TLC.
Los TLC no son en lo sustancial distintos entre sí, aumentan la desigualdad, perjudican a los pequeños sectores de la economía, ceden soberanía política a las transnacionales y, sin embargo, se votan en Chile sin estudios o, como ocurrió en el TLC con Uruguay el pasado jueves, con la mitad de los diputados fuera de la sala.
La representante de la Red de Acción en Plaguicida y miembro de la plataforma Chile mejor sin TLC, Lucía Sepúlveda, criticó la nula información sobre la firma con Uruguay. “Esto es una movida política para cambiar el mapa también en América Latina, avanzar a que los países tomen el modelo chileno”, dijo.
Su discusión se aplazó para este jueves y desde las organizaciones sociales hay incertidumbre respecto de su ratificación. Básicamente, se critica que el gobierno no haya entregado información sobre los efectos de este acuerdo.
Silvana del Valle, abogada feminista, criticó que no se incluyeran este tipo de políticas, algo que contrasta con las seguridades que se otorgan en el texto a los inversionistas sobre expectativas económicas.
La Cámara de Diputados debe votar esta semana la ratificación del convenio, que ha generado controversia por proteger las expectativas de los inversionistas, entre otros temas. En Uruguay la polémica llegó hasta el Frente Amplio, la coalición oficialista, y su aprobación permanece congelada mientras se analiza hacerle modificaciones sustantivas.
Las organizaciones agrupadas en Chile mejor sin TLC convocaron a una manifestación en contra del acuerdo que se firmará este ocho de marzo en nuestro país. El tratado es visto como una real amenaza para la soberanía nacional.
Un préstamo por 20 millones de dólares del Banco del Desarrollo de China al Banco Security destaca dentro del acuerdo firmado. El economista puso en duda el patrocinio del Estado para ese tipo de negocios “no sé si ese tipo de acuerdo lo tienen que firmar los presidentes de China y Chile”.
El TPP en particular, fue negociado durante cinco años con cláusulas de confidencialidad. Los parlamentarios chilenos no tuvieron acceso a esas discusiones y, ahora que el texto ya está firmado, solo tienen dos alternativas: votar a favor o en contra. En concreto, este tratado tiene más implicancias en la soberanía que los diferendos con Perú y Bolivia en La Haya, y es más constituyente que cualquier proceso constituyente. Ahí es donde radica la gravedad del asunto.
El análisis entregado por las consultoras Valgesta y Mercados Energéticos, que estableció los ilícitos cometidos por Metrogas al sobrepasar el límite de rentabilidades, tiene a las autoridades decidiendo los caminos que se deben seguir en el marco de una regulación del mercado del gas.