Integrantes de la comunidad Antonio Paillao, denunciaron que fueron víctimas de una violencia desmedida por parte de efectivos policiales, quienes habrían disparado perdigones a los comuneros, en el marco del desalojo llevado a cabo en el Fundo Canihual, en la comuna de Tirúa. El hecho es el segundo caso que se registra en el sur, en menos de un mes, los antecedentes fueron analizados por el INDH quien solicitó los antecedentes respectivos a Carabineros.
Nueve menores de edad, entre ellos un niño de tan solo tres años, fueron detenidos por carabineros al desalojar el fundo Santa Filomena, en Curacautín. Para los dirigentes de la zona, este es un hecho “único e insólito en el marco de la represión policial contra el pueblo mapuche”.
Esta semana, Elsa Cruz interpuso una demanda ante un tribunal federal de Nueva York, meses después de que la policía le disparara y matara a su esposo. En mayo de este año, Cruz llamó al 911 para pedir ayuda para su esposo, Samuel. Temía que no hubiera tomado su medicación mientras ella estaba de vacaciones […]
Luego que la Justicia criticara el uso desproporcionado de fuerza en allanamientos a casas de mapuches en la región de la Araucanía (algunos de los cuales no tienen orden judicial), diversas organizaciones ligadas al seguimiento de temas indígenas llamaron la atención sobre el patrón de impunidad detrás del actuar de la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile. Se alertó, particularmente, sobre la vulnerabilidad en que están niños y niñas mapuches, que son esposados, arrastrados y golpeados durante allanamientos.
Esta semana se presentará una nueva denuncia por apremios ilegítimos cometidos por funcionarios de Fuerzas Especiales de Carabineros, esta vez, contra un alumno de la Universidad Técnica Federico Santa María de Valparaíso. El tema preocupa al interior del movimiento estudiantil, quienes afirman “ver con preocupación” que la respuesta del Gobierno sea la represión policial y no la solución de sus petitorios.
La Comisión Ética contra la Tortura presentó un informe que repasa los últimos 40 años de la historia local, donde destaca que aún en democracia se extiende esta práctica, principalmente contra luchadores sociales.
La familia de Pedro Aguilera, presidente del Centro de Alumnos del Liceo Barros Borgoño, quien quedara inconsciente en la protesta del 13 de junio, presentara una querella contra la institución, por lo que indican como torturas contra el estudiante.
El secretario de Estado señaló en la comisión investigadora sobre derecho a reunión y seguridad pública de la Cámara Baja que las acciones se enmarcaron en el contexto de los acontecimientos. El director General de Carabineros, el Rector de la Universidad de Chile Víctor Pérez, Andrés Fielbaum de la Fech y Lorena Fríes directora del INDH, también participaron de la sesión especial.
La Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (ANDIME) se suma al Consejo de Rectores (CRUCH) y expresa su total e irrestricto apoyo al Rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, frente a los ataques del gobierno y el ingreso de las Fuerzas Especiales de carabineros a la sede central de la universidad, […]
El movimiento estudiantil sigue sumando fuerza y adherentes: ya son cerca de 60 los colegios movilizados a nivel nacional. En este contexto, la ministra Cecilia Pérez saló a defender el violento actuar de la policía que ingresó a la Casa Central de la Universidad de Chile luego de la marcha del jueves y criticó al rector Víctor Pérez. “El Gobierno no defiende a los delincuentes”, señaló.
La socióloga experta en materias de seguridad, conversó con el programa Semáforo de nuestra emisora y se refirió a los últimos episodios de violencia que involucran a FF.EE. de Carabineros. “Acá la sensación que queda, es de una policía menos preparada y más abusiva”, aseguró la especialista.
Sebastián Piñera oficializó el envío de un proyecto de ley que aumenta las penas para las personas que agredan, insulten o amenacen a funcionarios policiales en ejercicio de sus funciones. El texto crea, además, una nueva figura legal para quienes atenten contra recintos o vehículos policiales y otorga mayores beneficios a los miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad. Desde el Congreso y la sociedad civil manifestaron su preocupación.
La directora para nuestro país de Amnistía Internacional se refirió a los últimos episodios de violencia policía y afirmó que “no hay manifestación donde no se genere una denuncia de este tipo”. Además sostuvo que ven con preocupación los proyectos de ley que enviará el gobierno el Congreso, para resguardar el orden público.
El padre de César Reyes Gálvez, joven que denunció ser secuestrado y torturado el pasado 8 de mayo, presentó una querella por los delitos de torturas, incomunicación ilegal e ilícitos informáticos en contra los efectivos de la Policía de Investigaciones que resulten responsables. El recurso fue acompañado por informes de tres facultativos, que darían cuenta de las lesiones que los policías provocaron en el cuerpo del estudiante.
La ex vocera de la ACES, Eloísa González, denunció el secuestro de César Reyes, estudiante de 17 años del Liceo Barros Borgoño, quien habría sido subido a un auto cuya patente pertenece a la PDI y llevado sin destino conocido. Organizaciones de derechos humanos que pudieron hablar con el menor denuncian que habría sido torturado […]
El informe realizado por carabineros a raíz de los múltiples casos de heridos por disparos de balines de pintura en el rostro avala el uso de esta herramienta disuasiva, estableciendo ciertas restricciones. Esta medida no es suficiente para las víctimas, quienes exigen el retiro inmediato de las pistolas de pintura. Organismos internacionales hacen eco de esta solicitud, emplazando al Estado a dejar de criminalizar las movilizaciones sociales.
Los casos de violencia policial contra estudiantes suman y siguen. Esta vez, Fuerzas Especiales de Carabineros, excusándose en una manifestación ocurrida a las afueras del centro educativo, hizo ingreso al Campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, golpeando y arrestando a decenas de jóvenes y a quienes intentaban defenderlos. Esta invasión se realizó sin la autorización del rector Víctor Pérez y ha desatado el repudio de la comunidad universitaria.
