Desde la ANDEDH y AFFINDH condenaron la ley Naín Retamal y la medida de Fiscalía de solicitar prisión preventiva para todas las personas migrantes no regularizadas, llamando al Consejo del INDH a pronunciarse.
El abogado especialista en derecho penal, José Henríquez, aclaró que “no existe ninguna normativa legal que establezca que el elemento diferenciador para imponer la prisión preventiva sea no tener documento de identidad y ser extranjero”.
Todos los días 11 de este año el museo abrirá sus puertas para invitar al público a participar de “Visitas 50 años”, un recorrido por la historia acompañado por testimoniantes que vivieron la dictadura y/o personas de reconocida trayectoria.
A juicio del coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, el acuerdo alcanzado en el Senado dejó afuera las indicaciones más polémicas, pero mantuvo tal cual la legitima defensa privilegiada, el corazón del proyecto.
El ministro de Justicia valoró la votación que culminó a eso de las 2:00 horas donde se aprobó en general y en particular la iniciativa, por lo que pasará a tercer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados.
Académicos todo el país expresaron su preocupación por la forma cómo el Congreso Nacional está introduciendo cambios en el Código Penal con la Ley Nain-Retamal que, incluso, altera la regulación de los delitos de tortura y apremios ilegítimos.
En el informe dado a conocer esta jornada al Senado, se establecen las falencias del recinto penitenciario, además de hacer propuestas para revertirlas. Entre los problemas, destaca que no se cuenta con medidas para la protección de los menores.
El director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile insistió en los efectos negativos de la propuesta que se discutirá esta semana en el Senado. Además, reclamaron no haber sido invitados a exponer durante el debate de la controvertida iniciativa.
En conversación con nuestro medio, el representante de la ONU DDHH reiteró sus críticas a la iniciativa y advirtió que las políticas punitivistas, en otros países de América del Sur, no han conducido a una mayor seguridad pública.
El presidente de la UDI cuestionó a la fiscal Ximena Chong por citar a declarar a las exautoridades, en el marco de una investigación sobre las violaciones a los derechos humanos en el estallido social.
Entre las víctimas está un familiar del exalcalde y exministro UDI Joaquín Lavín. El máximo tribunal decidió aumentar las penas de dos de los involucrados y confirmó la condena de 20 años contra el exbrigadier Pedro Espinoza Bravo.
“Lamentamos que un proyecto con tal impacto en los derechos humanos se tramitara de forma acelerada en la Cámara”, señaló el organismo en un comunicado, echando en falta la “participación de especialistas independientes o de la sociedad civil”.
