Desde la Agrupación Salvemos La Señoraza buscan proteger la laguna de la construcción de una costanera, para lo que exigen que el titular del proyecto lo lleve al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
El ministro de Ciencias relevó la importancia de que la comunidad científica esté en permanente comunicación con la sociedad, para lo cual es indispensable generar las plataformas para que se produzca esta interacción, especialmente en la actualidad en que fenómenos como el Covid-19 o el Cambio Climático hacen sentir sus efectos sobre la población mundial.
Chile Sustentable ha impulsado que se zanje el proyecto en Minería al margen de las presiones que buscan su desmantelamiento y así pueda ser revisado por la Comisión de Medio Ambiente.
El diputado se refirió a la aprobación del cierre de las termoeléctricas y a las indicaciones que el oficialismo puso al mismo proyecto.
La iniciativa, votada favorablemente por 145 diputados, fue objeto de indicaciones, por lo que volverá a la Comisión de Medio Ambiente.
Este miércoles, la Comisión de Minería del Senado volvió a posponer la votación de las indicaciones correspondientes al proyecto que define a los glaciares como bienes de uso público. De seguir retrasando su aprobación, la vocera de la Asamblea por el Agua del Huasco Alto, Constanza San Juan, aseguró que se podrían ver afectadas las actividades productivas que requieren del agua para subsistir.
Los firmantes de una carta abierta a la sanitaria piden recordar que el único objeto de la concesión es proveer de agua potable a los habitantes de Santiago.
Diferentes artículos de la Ley Nº 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente dicen que toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido al medio ambiente o a uno o más de sus componentes es daño ambiental y que, sin perjuicio de las sanciones que señale la ley, todo el que culposa o dolosamente cause daño al medio ambiente, […]
El director nacional de Greenpeace comentó que la decisión del Ejecutivo de no adherir al acuerdo internacional demuestra que el Gobierno busca “una reactivación económica que no cambie en nada la contaminación y el abuso del medio ambiente”.
Chile es el país más largo del mundo con 4300 kilómetros de territorio de norte a sur. La diversidad geográfica es nuestra principal característica y la que pregonamos como uno de nuestros principales atractivos, pero, ¿entendemos nuestros territorios? Una eventual nueva Constitución deberá hacerse cargo de esta “loca geografía” y sus disímiles necesidades, ignoradas en la actual Carta vigente.
“Es indignante el descaro de este Gobierno, la misma semana que se negaron a firmar el Acuerdo de Escazú presentaron un veto a la ley pro inversión dándole certeza jurídica a los titulares de los proyectos contaminantes”, indicó la diputada.
Único país de Latinoamérica con un sistema de transacción de los derechos al recurso hídrico, Chile no considera el acceso al agua como una garantía fundamental, contraviniendo todos los tratados internacionales suscritos incluida a Convención sobre los Derechos del Niño.
“Si a este Gobierno, efectivamente, le interesara la soberanía del país, no estaría promoviendo el TPP-11, con el que sí perdemos soberanía, y ni siquiera seríamos demandados por otro país, sino que por una empresa transnacional”, sostuvo el diputado Félix González.
El Pantanal brasileño enfrenta una catástrofe sin parangones, con daños irreparables para la diversidad del mayor humedal tropical del planeta. Defensores del medioambiente denuncian los incendios intencionales fuera de control, mientras el presidente brasileño asegura que sus detractores buscan dañar el poderío agrícola del gigante sudamericano.
El acuerdo de libre comercio, que prevé la supresión de barreras arancelarias entre la Unión Europea y los países del Mercosur -Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, es arduamente combatido por las organizaciones medioambientales europeas que consideran que tendría efectos negativos en materia ecológica. Un nuevo informe entregado al primer ministro francés confirma estas críticas.
El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales espera que esta acción sea resuelta en las próximas semanas.
Para la Directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile no existe justificación para que el Gobierno se niegue a la suscripción del acuerdo regional. “Todos sabemos, y así lo recomienda la OCDE, que el mejor modo de abordar los asuntos ambientales es con participación muy amplia, por lo que lejos de ser una barrera al desarrollo, la participación es una condición para el mismo”, señaló.
