El proyecto, marcado por estudios y polémicas que por años discutieron el impacto medioambiental que causaba en la zona del valle del Huasco, en la región de Atacama, contó con la férrea oposición de los habitantes, quienes veían como los cauces de agua eran contaminados como producto de la la extracción minera.
En agosto, el Consejo para la Transparencia acogió un amparo de la ONG Oceana que buscaba transparentar estos datos correspondientes a 2018. Hoy, son cinco las empresas que reclaman la ilegalidad del dictamen.
Las comunidades exigen conocer el fallo dictaminado el pasado 2 de agosto de 2019.
El ex secretario de Estado, quien encabezó las negociaciones por este tratado en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, calificó de decepcionante la postura que ha tomado el Ejecutivo en este tema y señaló que los argumentos que se entregan respecto al peligro para la soberanía “son realmente inverosímiles”.
Este martes el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand confirmó ante los senadores de la comisión de RR.EE que “el acuerdo (…) como está planteado, es inconveniente para Chile. Esa es la razón por la que hasta ahora no se ha suscrito”.
Aunque 43 personas se opusieron al proyecto ante la Comisión de Evaluación Ambiental, Copec ya tiene luz verde para iniciar la etapa de saneamiento. El abogado Gabriel Muñoz y otros miembros de la Corporación Pro Defensa del Patrimonio acusan al Gobierno de pre aprobar la idea usando solo criterios de índole económica.
El proceso, iniciado en mayo, contó con más de 7000 observaciones por parte de la ciudadanía. De esta forma, el SAG decidió suspender la consulta por 90 días, viendo si la vuelve a reponer.
Marta Aravena, miembro fundadora de Mujeres en Zona de Sacrificio señaló que “hay autoridades que levantan la voz diciendo que quieren acabar con la zona de sacrificio, sin embargo, en la práctica eso no es así, todo lo contrario, cada vez nos sumen más en una zona de sacrificio, cada día somos más sacrificados”.
Nuestro medio dialogó con el Vocero de MODATIMA, Rodrigo Mundaca, y con el diputado miembro de la Comisión de Recursos Hídricos, Daniel Núñez. Ambos valoraron el pronunciamiento de la ONU de que Chile no cumple sus obligaciones internacionales con respecto del acceso al recurso hídrico.
De los consultados, el 81% piensa que entregar 50 litros diarios de agua por persona es insuficiente, mientras el 89% cree que las autoridades no han tomado medidas necesarias para que a ningún chileno le falte agua.
Las fiscalizaciones realizadas al alumbrado de cuatro establecimientos buscan preservar la oscuridad de los cielos de las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo, donde se concentran los mayores observatorios astronómicos del país.
Este lunes, la comisión de medioambiente de la Cámara de Diputados aprobó adelantar dicho proceso para el 2025. Ante la advertencia del Ejecutivo sobre algunos impactos de la moción en la economía nacional, la coordinadora de campañas de Greenpeace Chile, Estefanía González, precisó que dicha postura “es contraria a un país que internacionalmente dice ser un líder climático”.
El presidente de la Comisión de Medio Ambiente y parlamentario por el Partido Ecologista Verde busca que el tratado pueda ser ratificado por Chile. De no ocurrir la acción en sesenta días, el tratado corre el riesgo de caducar.
La comunidad se opone a la obra de construcción de una costanera que generaría daño ambiental en el sector de un humedal.
Desde la Coordinadora manifestaron que la norma será positiva siempre que se ejerza realmente y considere las apreciaciones de los territorios.
La empresa eléctrica pretende una indemnización ascendiente a 300 millones de pesos por el cierre del vertedero Cenizas durante 12 días en 2019. “Constituye un intento de invisibilizar las irregularidades en que ha incurrido al mantener un vertedero de cenizas en el área urbana de la ciudad de Coronel, provocando graves impactos en la salud y la vida de la población local.
Un recurso de protección presentado en conjunto con la Fundación Terram respecto de la ausencia de dicha normativa fue admitido por la Corte de Apelaciones de Santiago. “Las empresas van a tener que invertir o cerrar”, advirtió a nuestro medio la integrante de Mujeres en Zona de Sacrificio, Marta Aravena.
