El diputado PS, Raúl Leiva, señaló que evaluaran todas las acciones “del punto de vista penal, administrativo y constitucional”. En tanto, el Gobierno afirmó que valoran la labor del organismo fiscalizador y también la realizada por la exministra.
La iniciativa impulsada por el Partido Nacional Libertario y Republicanos reabrió el debate sobre la amnistía a uniformados condenados por delitos cometidos en el estallido social, mientras el Ejecutivo analiza eventuales beneficios presidenciales.
El Mandatario insistió en que la ciudadanía espera “una reacción rápida” del Congreso. Por su parte, la oposición concentra sus críticas en los ejes “intransables” del proyecto en materia de impuestos y medio ambiente.
La iniciativa busca aumentar las penas contra adultos que induzcan, utilicen o instrumentalicen a niños, niñas y adolescentes para cometer delitos, especialmente cuando exista aprovechamiento de vulnerabilidad, dependencia o vínculos familiares.
El parlamentario se refirió a la decisión que tomó su partido de llevar como candidato a Miguel Ángel Calisto, actualmente investigado por la justicia. “Siempre las cosas se pueden hacer mejor, en eso uno tendrá que asumir responsabilidad”, agregó.
En su visita a Uruguay, el Mandatario cuestionó que en gobiernos anteriores funcionarios aplicaran criterios dispares “pasando a llevar lo que establece la ley”, y defendió la facilitación regulatoria como clave para destrabar inversiones.
El parlamentario cuestionó que en la oposición no existiera “capacidad de sentarnos a la mesa y tener una propuesta concreta de cómo abordar” la iniciativa. Además, advirtió: “El Gobierno tiene mayoría para aprobar todos los proyectos que quiera”.
Además del ministro, la instancia quedó integrada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez, el vicepresidente Iván Moreira y los senadores Loreto Carvajal, Paulina Vodanovic, Yasna Provoste, Claudia Pascual y Javier Macaya.
En el marco de su visita oficial, el Mandatario firmó acuerdos que buscan prevenir la evasión fiscal y fortalecer la investigación del crimen organizado. “En momentos de crisis mundial, damos la señal de que es posible la unidad”, destacó.
Según informaron desde La Moneda, las nuevas investigaciones se realizaron en cuatro ministerios y respondieron a la detección de antecedentes que requieren una revisión más profunda, así como la eventual determinación de responsabilidades.
La parlamentaria envió un oficio al ministro Jorge Quiroz en el que pide revisar la factibilidad de activar los mecanismos contemplados en la Ley N°20.765. “Urge que active todas las herramientas para amortiguar los precios”, aseveró.
La presidenta del Frente Amplio aseguró que el libelo “carecía de sustento”, cuestionó la “falta de autocrítica” del Partido Republicano tras el fracaso de la acusación constitucional y agradeció la “valentía” de sectores de RN y la UDI.
Los jefes comunales pidieron al Gobierno acelerar la reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente para aumentar las sanciones por delitos violentos y privilegiar el cumplimiento de condenas en régimen cerrado.
El Juzgado de Garantía de Coyhaique desestimó la cautela de garantías presentada por la defensa del senador, manteniendo el cierre de la investigación por presunto fraude al Fisco. La Corte de Apelaciones deberá resolver la solicitud de Fiscalía.
La sesión comenzará alrededor de las 10:30 horas con la relación que efectuará el secretario general del Senado, Luis Rojas. A partir de las 15:00 horas, se procederá a la votación. La Cámara Alta actuará como jurado, revisando los argumentos de la acusación y la defensa antes de votar cada uno de los capítulos.
Analistas políticos advierten que el Ejecutivo debe asumir su liderazgo ante sus propias filas, dado el alto costo de gobernar sin coalición. Además, cuestionan que el Partido Republicano siga en la dinámica de enfrentarse a la oposición.
El Mandatario confirmó que el Ejecutivo patrocinará las iniciativas legislativas tras el crimen de un menor de 12 años. La estrategia gubernamental buscará endurecer sanciones y frenar el reclutamiento de adolescentes por parte del crimen organizado.
