El parlamentario de Evópoli enfatizó que la propuesta no busca coartar las movilizaciones, sino más bien resguardar el ejercicio pacífico de esa garantía constitucional. La iniciativa contempla penas de hasta cinco años de presidio.
El biministro Claudio Alvarado valoró el avance y destacó que el ministro Jorge Quiroz está abierto a dialogar con la oposición para ampliar los consensos en torno a la reforma.
El debate en Sala estuvo marcado por el cuestionamiento al guarismo, calificado como “insuficiente” y que la propuesta de reajuste para mayores de 65 años no se condice con la entrada en vigencia de la ley de envejecimiento positivo.
El ministro Martín Arrau defendió la iniciativa y aseguró que el Congreso podrá perfeccionar el texto. La oposición anunció reserva de constitucionalidad y una propuesta alternativa: el Registro de Vándalos de Cuello y Corbata.
Pese a las gestiones de la senadora Paulina Núñez para resguardar su permanencia, el Mandatario decidió concretar la salida de la representante de RN debido a las persistentes diferencias con la titular de la cartera.
Pese a que valoraron el hecho de que se extienda el beneficio a más mujeres, desde la multisindical cuestionaron el financiamiento propuesto por el Gobierno, que no contempla nuevos cargos para los empleadores.
El subsecretario del Interior recalcó que el foco del Gobierno está en esclarecer los hechos y que el Servicio de Migraciones quedará a disposición del Ministerio Público para colaborar en la investigación.
El abogado Patricio Zapata sostuvo que el texto no demuestra el vínculo entre los hechos imputados y las normas invocadas. Además, advirtió que convertir diferencias sobre proyecciones fiscales en una causal de destitución afectaría la institucionalidad de Hacienda.
El exfiscal sostuvo que, con los antecedentes disponibles —que apuntan a su injerencia en el nombramiento de al menos 10 jueces—, el Gobierno debería desistir de su designación. Por otra parte, Gajardo cuestionó la demora de la Fiscalía para iniciar una investigación.
La presidenta del gremio empresarial, Susana Jiménez, destacó que el proyecto apunta a “dinamizar la actividad económica y la generación de empleos”. La oposición cuestionó que no se levantaran alertas respecto al déficit fiscal.
En cuanto al proceso de embargos a deudores del CAE, el extitular de Educación acusó una “concepción ideológica muy clara” de parte del Gobierno sobre el Estado. “Es un poco terminar la obra de Jaime Guzmán”, acusó.
Tras la respuesta del defensor Patricio Zapata, la diputada Marcela Hernando, presidenta de la comisión, señaló que los invitados por aspectos técnicos también podrán ser consultados sobre el fondo de la acusación.
La diputada Gael Yeomans (FA), integrante de la Comisión de Trabajo, expresó dudas sobre el posible impacto al seguro de cesantía. Mientras, dirigentas de los gremios de la educación parvularia pidieron mayor protagonismo del sector público.
El objetivo de los partidos de izquierda es discutir una propuesta alternativa a la que se debate en el Senado actualmente. En cuanto a los ajustes ministeriales, evidenciaron su preocupación por el impacto en áreas como salud.
La propuesta contempla iniciativas para endurecer sanciones por agresiones a policías, fortalecer atribuciones preventivas y ampliar mecanismos de protección a funcionarios y mártires institucionales.
El exministro de Hacienda indicó que “el proyecto requiere mitigar los costos y riesgos fiscales”. “Siempre es válido tomar riesgo con plata propia (…) pero a mí no me parece responsable hacerlo con las finanzas públicas”, cuestionó.
El ministro de Hacienda adelantó que “en el próximo decreto” el diésel debería registrar una disminución cercana a los $110 por litro, mientras que con las bencinas afirmó que la baja “será algo similar”.
