Parlamentarios del Frente Amplio, el PC y exautoridades acusaron a la administración de beneficiar a los “superricos” y de utilizar la reconstrucción como “escudo humano” para aprobar su reforma tributaria.
El presidente del gremio, Mario Aguilar, denunció que los recortes presupuestarios del Ejecutivo buscan retroceder en garantías básicas, afectando programas de alimentación y salud escolar.
En el acto del Día del Trabajador, José Manuel Díaz calificó a la administración como “indolente”, criticó el recorte del gasto público y llamó a la oposición a unificarse para recuperar el voto popular.
Tras un informe técnico de la SEC que validó el desempeño de la empresa entre 2019 y 2025, el Ministerio de Energía cerró el proceso de caducidad iniciado durante la administración anterior.
La titular de Seguridad anunció acciones legales por injurias y calumnias luego de que el parlamentario comunista solicitara su renuncia, acusando riesgos de infiltración delictiva.
El titular de Vivienda enfatizó que “tiene un solo jefe” y relativizó el rol de Jorge Quiroz. Desde la UDI calificaron sus dichos como una “insolencia del porte de un buque” y la oposición cuestionó su “tono de programa de televisión”.
Dirigentes del progresismo y abogados del sector abordaron la reserva de constitucionalidad respecto de la megarreforma impulsada por el Gobierno. Cuestionan la variedad de temas y la invariabilidad tributaria.
En medio de la controversia por los ajustes fiscales, Javier Macaya (UDI) y Agustín Romero (PRep) respaldaron al jefe de la billetera fiscal y criticaron a quienes “irresponsablemente quieren hacer política desde la oposición”.
El titular de Vivienda definió a su par de Hacienda como “un ministro más entre muchos” y descartó que tenga autoridad para exigirle reducir partidas que él estima prioritarias. Así, aseguró que no recortará proyectos que considera fundamentales.
El mandatario relató en Coyhaique que rompió el protocolo de seguridad para acercarse a un hombre con megáfono y pedirlo prestado: “No quería, lo escondió, pero al final me lo pasó”.
El Ejecutivo aseguró que los ajustes no afectarán “ningún beneficio” y que el objetivo es la “buena ejecución” de los programas sociales. Desde la izquierda exigieron transparentar el alcance real de estas medidas y los decretos aún no conocidos.
Parlamentarias del FA denunciaron errores de cálculo y falta de información en el proceso a cargo de la Tesorería General de la República. La propuesta busca que el cobro incluya criterios respecto a la capacidad económica de las personas.
El organismo determinó que la Secretaría General de Gobierno no pudo “sustentar técnicamente los términos empleados”. Por ello, la CGR ordenó a la ministra Mara Sedini “adoptar medidas para evitar nuevas comunicaciones imprecisas”.
El ministro de Hacienda aseguró que el Gobierno no tocará “ningún beneficio de ningún pensionado”. No obstante, apuntó a que pueden existir casos irregulares, es decir, personas que, al tenor de la ley, “no deberían obtener” la PGU.
El ajuste incluye una reducción de más de $12 mil 748 millones de pesos del presupuesto del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (ex Sename), además de otros servicios.
La multisindical buscaba llegar a los $637 mil pesos, mientras que el Ejecutivo, representado por los ministros Tomás Rau y Jorge Quiroz, planteó un alza basada en la variación del IPC. Con ello, el aumento sería cercano a $23 mil pesos.
En paralelo a este debate, la diputada abordó la discusión del sueldo mínimo y advirtió que, aunque es necesario subirlo tras el alza del costo de la vida, el reajuste debe aplicarse con gradualidad para no afectar el empleo formal ni a las pymes.
