Por tercera vez, el Gobierno deberá nombrar a una autoridad regional en la zona, luego que se confirmara la renuncia de Francisco Sánchez Barrera. El cargo será asumido de manera subrogante por Manuel Corrales.
Luego de que un grupo de parlamentarios de oposición y concejales de Maipú solicitaran al órgano controlar que revisara la compra de peluches con fondos públicos que hizo la alcaldesa Cathy Barriga, la institución fiscalizadora aceptó la petición y anunció que iniciará una auditoría para investigar la situación.
El próximo 23 de febrero asoma como una fecha clave en el desarrollo de la crisis que sufre el país caribeño. Por un lado, ese día se pretende que, a través de un corredor humanitario protegido por militares de Estados Unidos y Colombia, ingrese la ayuda humanitaria a Venezuela. Por otro, se cumplen los 30 días de plazo que el artículo 233 de la Constitución venezolana le entrega al presidente encargado para llamar a elecciones.
Hasta este martes más de 15 mil son las hectáreas consumidas por los incendios forestales en la región de Aysén.
En conversación con Radio Universidad de Chile, el vocero de la Coordinadora Arauco Malleco respondió a las declaraciones del ministro (s) del Interior. “Las entendemos dentro de la constante disposición de las autoridades para tratar al pueblo mapuche como un enemigo interno”, afirmó.
Marcelo Castillo, estudiante de Derecho en la Universidad Arcis, falleció la semana pasada sin poder recibirse de la entidad. En medio de la presentación de una carta que busca denunciar la realidad de Castillo y otros cientos de alumnos que aún no han podido titularse, la ex presidenta de la Feuarcis, Sandra Beltrami, aseguró que esto es “responsabilidad del Estado”.
Luego de que el ministro (s) Rodrigo Ubilla vinculara “la causa mapuche” con los incendios forestales que han afectado a la zona sur del país, el padre de Camilo Catrillanca respondió que “se nos sigue matando nuestra gente y se nos sigue violentando”. Por su parte, el vocero de la comunidad de Temucuicui, Jorge Huenchullán, señaló que “la culpa la tienen las empresas forestales”.
El ministro (s) del Interior también defendió la gestión del Gobierno frente a las catástrofes naturales que han afectado al país.
Durante la dictadura decenas de trabajadores de Paine desaparecieron de los campos, dos de ellos, jóvenes campesinos avecindados en la hacienda Liguay perteneciente a la familia Pérez Cruz, fueron detenidos para nunca más volver. Sus patrones no prestaron ayuda a la familia ni han ayudado en el esclarecimiento de los hechos.
La medida fue publicada luego de diversas protestas por parte de los pescadores artesanales ante la posibilidad de un veto aditivo que presentaría el gobierno, y que hubiese permitido la pesca mediante el sistema de arrastre. Dentro de seis meses la medida entrará en vigencia.
A través de su cuenta personal en la red social, la ministra de Educación ha mostrado cómo viaja por Chile reuniéndose con padres que critican la Ley de Inclusión y que apoyan el proyecto del Ejecutivo. Su actuar ha despertado críticas, incluso, de los funcionarios de la cartera, quienes acusan que la secretaria de Estado no escucha y que solo trabaja para unos pocos.
El ministro de Relaciones Exteriores indicó que Bolivia “ha dado un nuevo giro en su posición, un giro que fortalece aún más la posición de nuestro país”, y agregó que la argumentación de Chile para demostrar que las aguas del río son internacionales es sólida porque se basan en evidencia científica, histórica y documental.
Estela Ortiz, ex secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia (Conain), recibía $3.047.568 millones más de sueldo de lo que correspondía en su cargo. La información fue detectada por una investigación especial del órgano contralor en que se comparó los honorarios de altos funcionarios y asesores de Conain en 2017 con los de los funcionarios del mismo rango del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
Luego del fallo en primera instancia dictado hace un par se semanas por el juez Alejandro Madrid, desde la Democracia Cristiana han intensificado la ofensiva en contra de quienes contribuyeron, por acción u omisión, con el primer magnicidio en la historia de nuestro país.
Luego de que el rector de la Universidad Católica, defendiera la inocencia de dos académicos de su casa de estudios, la Democracia Cristiana (DC) comenzó este lunes una serie de acciones contra la deslegitimación del fallo por el caso Frei. Ayer fueron hasta el Consejo de Rectores para que este organismo se pronuncie sobre los dichos de Ignacio Sánchez y este miércoles enviaron una carta al Vaticano criticando el actuar de la autoridad universitaria.
Desde la tienda oficialista insistieron con la idea que busca que colegios particulares, de manera voluntaria, cuenten con políticas de inclusión. Hasta el momento la idea ha tenido una buena recepción de los alcaldes de La Reina, Lo Barnechea y Las Condes. Esto, pese a que desde el Gobierno, la ministra Marcela Cubillos tomó distancia de la propuesta.
Dirigentes de la Falange llegaron hasta las dependencias del Ministerio de Educación para solicitar formalmente que el Consejo de Rectores se pueda pronunciar ante la defensa que hizo la autoridad de la Universidad Católica a dos condenados en el caso Frei y al rol de su plantel en la investigación de la muerte del ex presidente.
