Víctimas de abusos sexuales de diversos países buscan demostrar los crímenes cometidos por el Vaticano y los sacerdotes acusados de pederastia, ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas.

En este contexto, el Centro de los Derechos Constitucionales y la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales de Sacerdotes presentaron un informe en el que incluyen casos paradigmáticos de abusos sexuales de sacerdotes.

El llamado “informe paralelo” aborda además el encubrimiento por parte del Vaticano en delitos de esta índole ocurridos en Brasil, Chile, Honduras, México, Mozambique y Perú.

El abogado querellante en el caso Karadima, Juan Pablo Hermosilla, explicó el objetivo de esta acción legal.

“Se trata de una infracción de derechos fundamentales que podrían constituir infracción de orden público internacional en relación a la afectación de derechos humanos, sobre todo de jóvenes. En eso tiene un ámbito de autonomía el sistema internacional de derechos humanos, en este caso el de Naciones Unidas. Creo que siempre es útil discutir tanto el punto de vista de los derechos humanos, como del punto vista civil de los perpetradores o quienes cometen los abusos, como también sobre quienes están en obligación de evitarlos y conseguir que esto no se repita en el futuro”, aseguró.

Por su parte Hervi Lara, coordinador de la Comisión de Ética contra la Tortura en Chile, dijo que frente al “lavado de manos” de parte de las autoridades eclesiásticas, es importante que los Estados respondan.

A su juicio, los antecedentes en los casos de Marcial Maciel en México y Fernando Karadima en Chile dan cuenta de casos de tortura, sobre todo cuando han sido en contra de menores de edad. Lara agregó que “esto da cuenta de un problema mucho más profundo en relación a la formación de los sacerdotes y que debe ser sancionado para evitar que estos casos se repitan”.

El 5 y 6 de mayo las víctimas presentarán los casos de Maciel y Karadima ante el comité en Ginebra. En la instancia se darán a conocer las prácticas que ha realizado el Vaticano para evitar la acción de la justicia, así como la denuncia ante la continuidad de una estructura de protección, ahora con el Papa Francisco al mando de la Santa Sede.