Pese a que han transcurrido 41 años del Golpe de Estado, no existe números consolidados respecto de la cantidad de estudiantes, funcionarios y académicos que pertenecían a la comunidad universitaria más grande de Chile al 11 de septiembre de 1973.

Distintas facultades y ex sedes regionales de la Universidad de Chile han hecho esfuerzos aislados por recopilar información, sin embargo no hay un estimado certero sobre la cantidad de expulsados, exonerados, muertos y desaparecidos que hubo luego del golpe cívico militar, y posteriormente producto de la “cacería” en que se embarcó la junta directiva desde su apropiación los primeros días de octubre, sólo a semanas del bombardeo a la Moneda.

Instalada la Junta de Gobierno, el dictador Augusto Pinochet se transformó en el “patrono” de la Universidad, y designó vía decreto a militares a la cabeza de los planteles estatales que componían la red nacional. Una por una, las sedes fueron intervenidas por fiscales, en su mayoría abogados, quienes debían informar a la Junta sobre cada movimiento en la interna de la institución. En la Universidad de Chile, el encargado de esta misión entre 1973 y 1976 fue el General (r) de la Fuerza Aérea de Chile (Fach), César Ruiz.

En esos años se produjo la primera etapa de desmantelamiento de la Universidad de Chile. Carreras completas fueron cerradas y sus académicos exonerados. De este período existen relatos sobre la existencia de una oficina en la Casa Central donde operaban agentes que escribían boletines con información sobre personas de la universidad a los servicios de inteligencia. Hoy se sabe también que mucha de esa información era facilitada por miembros de la misma Universidad, insumo que luego fue utilizado para elaborar las listas de personas que terminaron expulsadas, muertas o desaparecidas.

“También se gestó con la colaboración de civiles y de miembros de nuestra propia comunidad”, afirma la antropóloga María Elena Acuña, compiladora junto a la académica Sonia Montecino, del libro “Las huellas del acecho”. Parte de los testimonios que recopiló describen un retorno marcado por la “derrota” y por “encuentros represivos con funcionarios y civiles que asumieron posiciones de fiscales y de actuarios para hacer sumarios”, muchos de ellos eran académicos de la Universidad de Chile, apunta.

“La Universidad vigilada”, escribió en 1981, el filósofo Jorge Millas en El Mercurio, para describir la atmósfera de tensión constante y persecución a la que se vio enfrentada en esos años la quebrada comunidad universitaria. El mismo año en que, por decreto, la Universidad fue desmembrada de sus sedes regionales y del Instituto Pedagógico (actual UMCE).

“Hay que invocar a los demonios. Hay que ver a Pinochet entrando al salón de honor de la Universidad de Chile, hay que ver a la junta directiva operando en la universidad, hay que mostrar que eso estuvo ahí, pasó, que fue un largo tiempo y que fue terrible porque le cambia el rostro a la universidad hasta hoy”, plantea la académica y directora del Archivo Central Andrés Bello, Alejandra Araya.

Para la historiadora este aún “es un tema tabú, doloroso difícil y complejo”. ¿Cómo reconstruir el relato de un trauma, si a nivel nacional aún es compleja la relación entre víctima y victimario? Para la especialista, la Universidad debe continuar recopilando información para saber “quiénes eran, cuántos eran, dónde estaban, cuál era la atmósfera que se vivía en la institución que estaba en las antípodas de la Dictadura”.

Cuatro décadas

La conmemoración de los 40 años del Golpe de Estado en 2013 fue una catársis de meses para quienes durante muchos años callaron. Se abrieron espacios de discusión y apareció bastante material testimonial que permite hoy tener un relato algo menos fragmentado sobre los efectos de la intervención militar en la Universidad de Chile.
A propósito también del aniversario número 170 de la institución, la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones publicó dos números de la Revista Anales dedicados a analizar los efectos de la Dictadura al interior de la casa de estudios.

El primero de ellos se llamó “El murmullo de la memoria”, publicado en 2012 por la entonces vicerrectora Sonia Montecino; el segundo fue “Las huellas del acecho”, editado en 2013 por la misma antropóloga y su colega María Elena Acuña. Esta última cuenta que durante la investigación tuvieron acceso a testimonios y sumarios que evidencian la persecución política a dirigentes y las distintas formas de amedrentamiento que aplicaron.

La académica plantea que el daño fue diferente según las carreras y facultades. Mientras algunas fueron cerradas por largo tiempo, la Facultad de Ingeniería reabría nueve días después del Golpe. De acuerdo a los documentos encontrados, los servicios de inteligencia enviaban cartas confidenciales a los vicerrectores de las sedes informando el listado de personas que estaban siendo investigadas.

El actuar de las autoridades fue variado. Según la investigadora, quien tuvo acceso a muchos sumarios de la época, “hubo profesores que se resistieron a asumir esa posición de informantes, algunos trataron de asumir el rol, pero también hubo quienes hicieron más de lo que se les pedía”, enfatiza. Para la antropóloga, el objetivo de la autoridad militar fue “crear una atmósfera del terror, que la gente se sintiera tremendamente vigilada”, el “atmoterrorismo” como acuñó Sonia Montecino.

“La reacción todavía es silenciosa. Los efectos de los Murmullos de la Memoria y de Las Huellas de un Acecho, todavía son comentarios de pasillo, todavía no se constituye como un relato, no diría institucional, pero si una conversación más compartida y en voz alta”, opina Alejandra Araya.

El archivo por (des)clasificar

Las dos publicaciones mencionadas basan su contenido en los más de 5 mil documentos sobre el período, pertenecientes a la Dirección Jurídica, que se encuentran en una bodega de la Casa Central, a la espera de que sean digitalizados, clasificados y puestos a disposición de la ciudadanía, de investigadores y de abogados o familias que ven en esos archivos una oportunidad para reabrir casos judiciales.

Según María Elena Acuña, este archivo – fundamental para escribir las historias ocultas de la Universidad -, quedó listo para su digitalización. Para esta etapa, la actual vicerrectora Faride Zerán asegura que ya entregaron el apoyo y los recursos para concretarlo.

“La Universidad de Chile tiene una demanda que no solamente tiene que ver con la memoria, sino también con cómo escribimos el futuro asumiendo exactamente qué fue lo que ocurrió. No es un ejercicio nostálgico, sino que ponernos al día, buscar la verdad, y proyectar a la universidad como corresponde, pero teniendo todos los hilos atados”, afirmó la periodista.

La encargada de digitalizar los archivos es Alejandra Araya. La directora del Archivo Central concuerda en que esto debe ejecutarse y explica que aún falta definir los criterios con que se archivará el material que contiene cartas, documentos confidenciales, actas del consejo universitario, partidas presupuestarias y cartas de delación, entre otros.

Una de las exoneradas en el período, la historiadora María Eugenia Horvitz, concuerda en la necesidad de liberar ese archivo y recuperar el relato de quienes fueron perseguidos y desaparecidos. “Hay que reivindicar a todos los que perdieron la vida y contar sus historias”, indicó la académica de la Universidad.

“Es muy sano que lo hagamos, para las generaciones que vienen. La universidad ha sido muy despojada, es importante que los jóvenes lo sepan. Que fuera de asesinar a muchos miembros de la Universidad y echarnos a otros, además despojaron a la Universidad de Chile de todas sus sedes de regiones y del Pedagógico”, apuntó.

En esa línea, para el Rector Dr. Ennio Vivaldi, es vital “rearmar el sistema nacional de universidades estatales” y fortalecer el sentido de pertenencia a ese pasado de la Universidad presente en todo el país.

“Pienso que hay un sentido de comunidad. Hay que enfatizar que la voluntad de servicio público no es propiedad de ninguna ideología política, es algo con lo que está todo el mundo comprometido desde la Universidad de Chile. Independiente de, incluso, la opinión que se pueda tener respecto a por qué ocurrió y qué implicancias tuvo el período de Dictadura, por sobre eso está este sentido de pertenencia”, enfatizó Vivaldi.

La memoria estudiantil

Desde 2008 que existe formalmente el Archivo y Centro de Documentación de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech) y en 2012 publicaron el libro “Archivos, memoria y movilización”. Su compilador fue Leonardo Cisternas, quien hoy prepara la segunda publicación, esta vez basada en testimonios de dirigentes estudiantiles de la época y académicos que sufrieron la persecución política.

El 9 de octubre lanzarán el libro y un documental sobre el proceso de rearticulación del movimiento estudiantil que terminó con la democratización del organismo en 1984. Cisternas cree que ha existido voluntad y los temas han podido ser puestos en el tapete, sin embargo aún falta sistematizar la información que han reunido. “Creo que falta una voluntad global de la universidad con un proyecto íntegro a largo plazo donde realmente exista un reconocimiento de lo sucedido y a la vez una investigación al respecto que permita saldar esa deuda tanto con los docentes exonerados, como con los estudiantes en Dictadura”, sostuvo.

“Entre el 73 y el 76 hay mucho silencio”, señala Cisternas. En adelante, se comienzan a gestar las primeras experiencias de rearticulación asociadas a la cultura, con los estudiantes como protagonistas. “Los académicos fueron hasta ese momento una voz muy silente”, señaló María Elena Acuña.

Según la antropóloga, el primer gran triunfo contra la intervención militar fue la unión entre los estamentos para impedir la instalación del civil José Luis Federici, quien ya había sido el encargado de privatizar Ferrocarriles y Correos de Chile.

“Es difícil saber cuánto terminó esto”, reflexiona la profesora. “A partir de 1990 la sociedad no logra democratizarse y la universidad tampoco”, ya que argumenta, aún existe – al igual que la Constitución de la República – el Estatuto Universitario de 1982, el que considera un resabio de la Dictadura.

El olvido de los exonerados

La Corporación Mutual de Exonerados Políticos de la Universidad de Chile también trabaja hace algunos años en buscar reparación para quienes vieron interrumpidas sus funciones en la institución. Sin embargo, reclaman que fueron olvidados.

Gustavo Gándaras, presidente de la asociación, está de acuerdo con que se investigue a quienes participaron de del hostigamiento a los trabajadores de la universidad, pero reclama que en años no han tenido recursos para sostener el trabajo de hormiga que realizan.

Según las cifras oficiales, hasta el momento 3 mil 382 personas han sido reconocidas como exonerados de la Universidad de Chile, cifra que estiman puede aumentar a 5 mil. “Han perdido la memoria con nosotros”, insiste el dirigente, quien explicó que también fueron reconocidos como exonerados un número importante de colaboradores del régimen.