A pesar de las deficiencias del proceso liderado por el Ministerio del Interior y el INDH, la vicepresidenta ejecutiva de las comisiones Valech cree que no están las condiciones para acreditar las violaciones de DDHH ocurridas en el 2019.
Desde la Asociación Nacional de Defensores y Defensoras de los DDHH alertan que se dejarían inconclusos 4 mil 760 documentos con testimonios de víctimas de derechos humanos de la dictadura reunidos por las comisiones Valech I y II.
El abogado y exintegrante de la Comisión sobre prisión política y tortura aseguró que la clave está en dos principios: la obligación del Estado de encontrar a los desaparecidos y el respeto a la voluntad de las víctimas calificadas.
Durante siglos la violencia sexual en contra de las mujeres fue considerada como normal en los conflictos políticos y armados. En la mayoría de los casos, este tipo de violencia se usó contra mujeres y disidencias sexuales, aunque también ha afectado a hombres. A nivel internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha […]
Por Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile Este fin de semana se celebra el Día del niño y la niña, una fiesta en la que priman los regalos, juegos y actividades donde la infancia es la protagonista. Una instancia que nos recuerda que los niños y niñas son sujetos de derecho y merecen […]
La subsecretaria de Derechos Humanos informó que durante este mes, comenzará el trabajo con las organizaciones y familiares de víctimas para hacer el levantamiento del plan de búsqueda de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos.
La disposición transitoria impulsada por Roberto Celedón, aún en trámite, permitiría acceder a los antecedentes proporcionados por las víctimas de la dictadura, aunque algunos señalaron que aquello debiese ser más bien materia de ley.
La activista y sobreviviente de violaciones de los Derechos Humanos cometidos durante la dictadura, criticó la defensa al secreto impuesto para los testimonios de la Comisión Valech. “Ricardo Lagos miente descaradamente”, señaló la dirigenta.
La instancia indicó que la determinación ha mantenido el pacto de silencio de las instituciones castrenses y la impunidad en materia de violaciones a los derechos fundamentales cometidos durante la dictadura.
Lo curioso es que a las miles de personas que concurrimos voluntariamente a denunciar estos deleznables hechos nunca se nos advirtió que la reparación que el Estado posteriormente nos ofreció sería a cambio de que nuestros testimonios quedaran en un archivo secreto. Tampoco se sabe de personas que hayan denunciado los horrores sufridos pusieran como condición que éstos no se dieran a conocer.
El director de Punto Final, quien durante la dictadura fuera preso político, advirtió que al momento de prestar su declaración, nadie le informó que su relato no sería público. Hoy hace un llamado a las autoridades para exigirles que la verdad contenida en esos registros “sea reconocida por el Estado como parte de la historia de Chile”.
Por más que en el debate se consigna que se desclasificaría la información entregada por víctimas de tortura, la iniciativa es criticada por organizaciones de derechos humanos por limitar los testimonios tan sólo a Tribunales. Acusan que la verdad sobre estos casos, como los nombres de los torturadores, no verá la luz pública.
