La cuestionable actuación del directorio de Chile Transparente ha servido para tratar de enlodar el rol que juega la ciudadanía organizada en este país. Oscura maniobra, que trata de hacer pagar a las ONGs y movimientos sociales por las pendencias de las elites políticas y empresariales. En una columna publicada en La Tercera dos académicos de la UDP plantean que el caso de Chile Transparente sería un ejemplo de la irrelevancia de la sociedad civil. Una extraña conclusión si se analiza la composición de su selecto directorio. Al tratar de hacer uso del derecho a réplica el editor de opinión de La Tercera nos informó que no contemplaba dar a las ONG espacio a opinión sobre este tema.Un buen ejemplo de los intereses que mueven la construcción de visibilidad y legitimidad en esta materia. Lo cierto es que si no existe voluntad de dar espacio a nuestra mirada, no vamos a esperar sentados a que se nos conceda.

Afortunadamente este debate ha puesto al desnudo la inconsistencia de quienes tratan de usurpar a la ciudadanía la legitimidad de sus causas, privatizando sus demandas y sus vocerías. Si hay un consenso en torno al anodino concepto de “Sociedad Civil” es su identidad como espacio diferenciado y autónomo entre el Estado y el Mercado. Esa es la precondición que no se ha cumplido a la hora de configurar a una institución como el capitulo chileno de Transparencia Internacional. No es posible hacer pasar como organización ciudadana a un organismo presidido por una funcionaria pública, como Karen Poniachik, actual representante especial del gobierno de Chile ante la OCDE. Anteriormente se habían hecho públicas las críticas contra el anterior presidente de Chile Transparente Davor Harasic por defender a una serie de actores cuestionados, como la industria salmonera, al grupo Claro, o al ex ministro Sergio Henríquez, casos en que se atacó a periodistas, ambientalistas y organizaciones sociales. Otro escándalo fue la presencia en su directorio de Alexander Fernández, quién a la vez actuaba como director de FASA en medio del escándalo por la colusión de las farmacias. En síntesis, no se puede usar un artificio para ocultar a actores del mercado y del Estado y hacerlos pasar como representantes de la ciudadanía.

Es evidente que desde 1990 hasta hoy las ONGs han tenido grandes dificultades para desarrollar un trabajo de incidencia y movilización. Contra este objetivo han complotado factores diversos: en los primeros años un excesivo afán de no tensionar la transición. Posteriormente, en la medida en que se terminó la cooperación internacional, se creó un nuevo tipo de vínculo con el Estado basado en contratos para la ejecución de políticas públicas. Estos factores han sido inhibitorios de una actitud de mayor criticidad y protagonismo. Sin embargo, no es posible reducir o minusvalorar el aporte de la sociedad civil en estos años. Koffi Annan recordó explícitamente, durante la conferencia general de Naciones Unidas en 2005, el rol de las ONG chilenas en la recuperación de nuestra democracia, la vigencia de los Derechos humanos, y la ampliación de las libertades y garantías para indígenas, mujeres y otros sectores excluidos y discriminados. No creo que esta referencia a Chile haya sido gratuita o arbitraria.

Tampoco creo que en los últimos veinte años se hubiera logrado desarrollar una nueva conciencia ambiental y ecológica sin el concurso de la ciudadanía. Es más, si se hubiera acogido la voz de las ONGs en casos como el de los géisers de El Tatio, o en los derrames tóxicos en el río Valdivia se hubieran evitado desastres mayúsculos. Los ejemplos pueden seguir: ¿Alguien piensa que nuestros parlamentarios podrían haber llegado a aprobar el tratado de Roma sin la presión social? ¿Se habrían logrado impedir las diferentes leyes de punto final y reconciliación forzada en materias ligadas a DDHH? ¿Se habría empezado a hablar de femicidio o maltrato intrafamiliar sin la acción de las organizaciones feministas? ¿Se habría enfrentado la presión conservadora a la hora de desarrollar campañas de prevención del VIH o de reivindicación de derechos de las minorías sexuales? ¿Quién se atrevería a defender legal y comunicacionalmente a las comunidades mapuches enfrentadas a su criminalización?

En todos estos casos lo que ha faltado es dar a la sociedad civil más fuerza y poder, mayores recursos y capacidades de incidencia. Esta es la agenda que abre el caso de Chile Transparente: llegó la hora de sincerar las prácticas políticas, fortaleciendo ciudadanía autónoma, crítica y decidida a llevar a delante un programa que no se compra ni se vende. 

Álvaro Ramis es presidente Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales ACCIÓN A.G.