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Roberto Meza

Los límites del Estado

Roberto Meza | Jueves 15 de abril 2010 18:15 hrs.


Una de las características que distingue la administración de la cosa pública democrática es que los gobiernos sólo pueden hacer aquello expresamente autorizado por la ley. En derecho privado, en cambio, este criterio se invierte, pudiendo el particular materializar todas aquellas iniciativas que no estén manifiestamente prohibidas, todo en aras de una mayor libertad ciudadana.
Esta concepción del derecho público se funda en que las sociedades democráticas, no obstante su vocación libertaria, revisten siempre al Estado y a sus autoridades periódicas de una potestad asimétrica respecto de la de los ciudadanos frente a discrecionalidades o atrabilios, que, desde la autoridad, pudieran afectar sus intereses. En efecto, al Estado se le dota de múltiples instrumentos jurídicos y fuerza policial para realizar su tarea de control y dirección, que le ha entregado voluntaria y libremente un conjunto social mayoritario, habitualmente inestable. Con mayor razón, el derecho público limita las decisiones del Estado respecto del manejo de los recursos de las personas, los que recolectados en la forma de impuestos, constituyen contribuciones patrimoniales forzadas.

La recaudación obligatoria de patrimonio es siempre indeseable. Las estadísticas reflejan que la mayoría sólo está de acuerdo cuando más impuestos son aplicados a otros y difícilmente se aceptan cuando son recursos propios los afectados. De hecho, hemos visto la paradoja de una encuesta que reveló que un 74% de los consultados eran partidarios de un alza de tributos a las grandes empresas, aunque el 85% creía que dicho aumento terminaría siendo pagados por ellos mismos, vía aumentos de precio de los bienes producidos por las firmas afectadas por el incremento. Así y todo, la mayoría de las personas tienden a acatar su imposición en la medida que subentienden que aquel aporte es indispensable para la vida en sociedad, el funcionamiento del Estado y la materialización de las tareas de bien común que aquel cumple.

Pero en paralelo a la imposición corre el aporte voluntario, el que, por lo general, se organiza desde la propia sociedad civil, es decir, sin necesidad de policía, aunque, por cierto, con alguna retribución en regocijo espiritual, fama social o simple marketing. Dado el concepto implícito de voluntariedad y mayor libertad que la donación implica, los gobiernos han ocupado el sistema promulgando leyes especiales, a las que les añaden estímulos para aumentarlas. En Chile existen varias que apoyan el desarrollo de las artes, el deporte, la cultura y otros.

Con ocasión del terremoto del 27 de febrero, las autoridades están buscando definir un complejo mix de instrumentos, cuyo propósito es conseguir más recursos para la reconstrucción, alterando lo menos posible los equilibrios macroeconómicos. Entre estas herramientas se ha usado ya –no sin problemas locales- la reasignación presupuestaria, única de total disposición del Ejecutivo.

Otra ha sido la nueva ley de donaciones, criticada por su falta de solidaridad –pues se otorgan beneficios tributarios a los donantes- o por transferir al sector privado tareas que serían propias del Estado. También se ha hablado de la privatización de empresas estatales en el sector eléctrico o el sanitario, reprochada porque transfiere a particulares bienes que pertenecen a todos. Se apunta que un aumento de 4% del impuesto de Primera Categoría rendiría más que todas las propuestas citadas o que aumentar el royalty a las mineras sería mejor aún. Por lo demás, se trata de ideas con opiniones cruzadas que ya no responden a la tradicional lógica de izquierdas o derechas, pues en todos los partidos hay quienes apoyan unas y rechazan otras.

Bien. Pero hasta ahora se trata solo propuestas de autoridades del Estado, tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Todas y cada una deberán ser filtradas a través de la institucionalidad pública vigente, porque el Estado solo puede hacer lo que expresamente le autoriza la ley. ¿Qué posibilidades tienen estas propuestas de transformarse en leyes materializables? En el caso de la privatización de Edelnor, según normas establecidas, no es el Ejecutivo quien decide, sino el directorio de Codelco; en el caso del aumento de impuestos a las grandes empresas o la ley de donaciones, se requiere de una mayoría en el Congreso que el Ejecutivo no tiene; en el del aumento del royalty, modificar leyes aprobadas hace muy poco y que amenaza con llevar el tema a la Justicia. La potestad asimétrica del Estado democrático se limita así en la división de los poderes y en el derecho público. De allí lo ineludible de la unidad nacional para gobernar eficazmente. Esa es otra más de las razones por las que la tan desprestigiada política es y será indispensable: es en ella donde la lucha de voluntades se civiliza y condensa. Más allá, solo está la ineficacia y el conflicto sin sentido.