Lo que llama la atención en el caso del embajador de Chile en Panamá no es la desprolijidad del gobierno  en nombrar en ese cargo a Alberto Labbé, sino la descoordinación existente al interior del programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior. Al fin y al cabo, el hijo del coronel del mismo nombre que se politizó ante el Presidente Allende es un diplomático de carrera que, como tal, tuvo diversas destinaciones durante los gobiernos de la Concertación. No podía esperarse menos de una administración que tiene al hermano del alcalde UDI de Providencia como uno de los suyos.

Pero también podía esperarse mayor concierto entre la directora de Derechos Humanos del gobierno, Rossy Lama, y los abogados que trabajan allí. Fue uno de estos juristas, Karina Fernández, quien pidió a la jueza suplente del caso Operación Cóndor, la ministra Raquel Lermanda, que citara a declarar en calidad de inculpado al recientemente nombrado embajador en Panamá. La abogada Lama ni se enteró, repitiéndose lo ocurrido semanas antes, cuando sus abogados pidieron también citar al subsecretario de Defensa, general en retiro Oscar Izurieta, en el caso del asesinato del artista Víctor Jara.

En ambos ejemplos caben sólo dos teorías: la “conspirativa”, según la cual ciertos funcionarios enquistados trabajan para meter en dificultades al gobierno de derecha, o la del “aprendizaje”, que se basaría en que los “mejores de Chile”, que acaban de pasar del sector privado al público, salieron más “porros” de lo que se esperaba para aprender y tomarle el gusto a gobernar.

La ocasión está así servida para que la oposición pida la cabeza de un segundo embajador, después que Miguel Otero le pusiera la suya en bandeja con sus locuaces declaraciones como representante en Argentina, las que parecieron corresponder a un primerizo y no a un  curtido abogado. Por supuesto, debe probarse la exacta participación de Labbé en el entramado de la embajada en Buenos Aires que llevó –en 1974- al asesinato, en esa ciudad, del general Prats, cuando el diplomático se desempeñó allí como tercer y segundo secretario.

Dos agentes de la Dina destacados en esa legación lo sindican a él como uno de los funcionarios que trataban con el coronel chileno a cargo de las operaciones de seguridad. Estas menciones judiciales hacen sospechar, junto  sus antecedentes políticos y familiares, de implicancias en las actividades conjuntas de los servicios de inteligencia sudamericanos de los años ’70, conocidas genéricamente como Operación Cóndor.

Obviamente, la envergadura de tales presunciones hace preguntarse cómo es que los gobiernos de la Concertación lo nombraron, sucesivamente, cónsul en Miami y Chicago y a cargo del enlace de la cancillería con el sector privado y con el Congreso, máxime si en esa época hubo reclamos por designaciones de otros militares vinculados a violaciones de Derechos Humanos.

El argumento de que Labbé es diplomático de carrera desde 1970 no se sostiene por sí solo, ya que la diplomacia era, precisamente, una de las actividades que usaba como pantalla la letal Política de Seguridad Nacional de las dictaduras del continente.