Me he referido a la necesidad de terminar con la dualidad Fonasa- Isapre, generando un seguro nacional de salud. He manifestado también mi preferencia a que el dinero vaya directamente a redes asistenciales encargadas de la atención de las personas, con libertad para afiliarse a una de ellas.

En ese escenario surge la pregunta obvia. ¿Sobrevivirá el sistema público si existe la posibilidad de inscribirse en redes privadas?

El elemento clave para que esto suceda es un cambio radical en la actitud y compromiso de los funcionarios de salud. Los síntomas son alarmantes: incumplimiento de horarios y de compromisos por parte de los médicos y más de 20 días de licencia por funcionario al año. Muchos testimonios de atención desprolija llegando en ocasiones al mal trato. Eso ha llevado al desprestigio del sistema público. ¿Podrá revertirse esa situación? ¿Será elegible una red de atención con la salud municipal y atención hospitalaria de hoy?

La salida es compleja. La primera tentación de las autoridades actuales será recurrir al mercado, licitando redes asistenciales a la administración privada.

Los funcionarios de la salud pública tienen una gran responsabilidad en que esto no suceda y claramente no serán las paralizaciones y huelgas la estrategia correcta. Los profesores ya lo demostraron poniendo en la UTI al sistema de educación pública.

No se trata sólo por defender puestos de trabajo sino de demostrar que el Estado tiene un rol esencial en la atención de salud.

A mi juicio, las organizaciones de funcionarios deben tomar la iniciativa. Una alternativa es que propongan un nuevo modelo de contrato de trabajo entre ellos y el Estado en que primen los incentivos por metas logradas y premios de acuerdo a mediciones de la satisfacción usuaria. Los funcionarios asumiendo riesgos en el desempeño de su red asistencial, haciéndose parte de sus éxitos o eventuales fracasos.

La afiliación a esta nueva modalidad contractual deberá ser voluntaria para los funcionarios antiguos, pero obligatoria para los que se incorporan.

El diseño tendrá que cuidar que sea lo suficientemente atractiva como para motivar un cambio de las actitudes y nivel de compromiso del conjunto de los funcionarios. Si eso no se lograra será la propia población la que pedirá que entren nuevos administradores en este sistema que hoy ya no cuenta con apoyo popular.