Los catorce gremios que componen la mesa del sector público entregaron hoy al Gobierno su propuesta de reajuste salarial 2011 para el sector.

Tal como se había adelantado, este año la demanda contempla un incremento salarial de 8,9 por ciento, un reajuste adicional de tres por ciento para los menores ingresos, la continuidad del incentivo al retiro y un bono por zona extrema.

Además, el pliego de peticiones incluye que la ley “garantice” como ingresos mínimos una escala de salarios, que parte en 280 mil pesos para los auxiliares que se desempeñen en los diferentes estamentos del aparato del Estado y el traspaso a planta de cien mil funcionarios a contrata.

El líder de uno de los gremios que participa en esta negociación, el presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, explicó  que “los parámetros de negociación que hemos presentado son en base a dos criterios: crecimiento económico e inflación. Por eso hemos presentado un 8,9%. Le hemos dicho al ministro que el país esté creciendo, que hay buen precio del cobre, pero que eso también tiene que llegar a los trabajadores”, indicó y adelantó que las conversaciones con el Gobierno se realizarán el 8, 10 y 12 de noviembre.

En ese sentido, De la Puente señaló que en esta negociación política se intentará instalar la estabilidad laboral en el aparato público, la cual en los últimos meses se he visto afectada con la política de despidos que aplicó el Gobierno de Sebastián Piñera.

“Le hemos dicho al ministro que tenemos preocupación por el empleo público, que ha tenido despidos en el último tiempo. Eso hace que el desempleo no baje como debiera, por lo tanto, el empleo en la administración pública tiene que ser estable, con desarrollo, con carrera, donde se respeten los derechos laborales”, declaró.

En tanto, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, dijo que el Ejecutivo está abierto al diálogo en esta discusión para alcanzar un acuerdo con los gremios, pero reconoció que -como en años anteriores- existe la posibilidad de no aunar posturas en la cifra de reajuste.

“Nosotros no estamos obligados a esta negociación, es algo a lo cual acudimos todas las partes en forma voluntaria, en un espíritu de buena voluntad y apertura, con la expectativa de lograr un acuerdo. Habiendo dicho esto, nadie está obligado a lo imposible. Hay que pensar también que hay un escenario en el que no se llega a acuerdo. Ese no es el escenario deseable, pero es posible, y en ese escenario estamos obligados a ir con un proyecto de ley al Congreso”, dijo.

En el texto que presentaron a los ministros de Hacienda y Trabajo, los dirigentes exigen un aguinaldo de Navidad parejo para todos de $60.500 y un bono de vacaciones de $220.000.

El monto de reajuste y reivindicaciones del sector público deberá ser analizado por las autoridades del Gobierno y votado en el Congreso, para que ya antes del 30 de noviembre se pueda tener la base de reajuste definida, y comience a regir desde el mes de diciembre.