Recientemente, la Comisión Evaluadora Ambiental de Los Lagos aprobó de manera unánime el proyecto de energía eólica de la empresa chileno-sueca Ecopower que contempla la construcción de 56 turbinas para generar 112 megawatts de energía para el Sistema Interconectado Central cuyo costo supera los 235 millones de dólares e impactará una zona de 1000 hectáreas en el sector Quilo-Mar Brava, en la costa noroeste de la isla de Chiloé.

La votación fue unánime a pesar de los argumentos esgrimidos por representantes vecinales, de comunidades indígenas, de la pesca artesanal, de sindicatos de productores y exportadores de machas, de ONG ambientales y de microempresarios del turismo que pedían la reubicación de la iniciativa para minimizar sus efectos.

Gísella Saldivia, vocera de treinta organizaciones de Ancud, manifestó que se trató de una sesión vergonzosa, puesto que se escuchó a la población, pero no se le consideró, sobre todo ante el requerimiento de un Estudio de Impacto Ambiental y no una simple declaración o compromisos de la compañía.

“Nosotros estamos haciendo énfasis en estos antecedentes para que el servicio pida a la empresa un estudio de impacto y no ha sido así. Por el contrario han insistido en mejorar la declaración de impacto que la empresa presentó, que es simplemente vergonzosa, hay errores de más de 100 metros, hay una línea de 19 aerogeneradores que deberían estar a más de 130 metros de la línea de más alta marea y pudimos constatar que no es así, en algunos casos están a 18 metros. Hay graves falencias en esa declaración y no contempla la participación de las comunidades”, señaló la dirigenta.

La representante de los habitantes de Chiloé enfatizó que en el lugar en que se emplazaría el proyecto hay una gran concentración de especies, como aves migratorias en peligro de extensión.

Además, explicó Gísella Saldivia, existen sitios arqueológicos, algunos de más de seis mil años de antigüedad, y tres comunidades indígenas huilliches y lafquenches aledañas, quienes apelarán por su derecho a consulta establecido en el convenio 169 de la OIT, puesto que sólo hubo reuniones informativas y no consultivas.

En tanto, Juan Carlos Cárdenas, director del Centro  Ecoceanos, aseguró que se trató de una aprobación bochornosa, donde hubo presiones políticas de parte del intendente, Juan Montes,  y donde se da cuenta de las irregularidades de la nueva institucionalidad ambiental.

El ecologista criticó además que se verán afectados pescadores extractores de machas y un importante santuario ballenero.

“El área que va a ser ocupada por este proyecto de parque eólico se ubica en un sector costero altamente productivo con recursos que son extraídos por las comunidades locales, donde es fundamental el recurso macha, que con la instalación de las torres y toda la actividad en torno a ella va a desaparecer, y el área donde se ubica es uno de los sectores de más alta biodiversidad marina en Chiloé y también el asentamiento de la principal población de ballenas azules del hemisferio sur. Toda la actividad de instalación de las torres, así como el funcionamiento de estas genera un nivel de contaminación sónica que afecta a estas poblaciones”, detalló el experto.

Por su parte, el senador del MAS Alejandro Navarro, quien había solicitado a la autoridad regional cambiar la localización del proyecto en otras zonas de viento, subrayó que es necesario revisar la ley, puesto que la actividad energética, aún siendo renovable, no puede afectar otras actividades.

Las organizaciones anunciaron que presentarán recursos de protección para que esta iniciativa quede sin efecto, junto con recurrir a organizaciones e instancias internacionales para presionar al gobierno.

Cabe señalar que la empresa espera que el proyecto, cuya vida útil es de 25 años, se comience a ejecutar en el primer trimestre del próximo año.