Finalmente fueron trece los diputados que adhirieron a la petición de acusación constitucional en contra del ministro Rodrigo Hinzpeter, esto luego que desde el ministerio de Interior se prohibieran las manifestaciones estudiantiles del pasado jueves 4 de agosto, las que fueron violentamente disipadas por Carabineros en base a agua y gas lacrimógeno.

El documento señala que el ministro Hinzpeter pasó por encima de la constitución en al menos tres artículos, esto por negar la libertad de reunión de los ciudadanos, prohibir el libre tránsito de las personas por Plaza Italia, y su negativa a velar por el orden público, esto ante la desmedida fuerza empleada por Carabineros para dispersar a los estudiantes.

El diputado PPD Rodrigo González, declaró que la actitud del ministro Hinzpeter vulnera la Constitución, del momento en que la prohibición de las marchas no sólo afecta la libertad de reunión, sino que además vulnera los derechos de las personas que se vieron afectadas por el proceder policial.

“El ministro del Interior ha señalado que el tiempo de las marchas se ha terminado, y prohibió el desarrollo de las actividades estudiantiles. Con ello infringe la Constitución, pero además con las medidas que tomó, generó una situación que es absolutamente inversa al objetivo que quería perseguir. Lo que él señalaba era resguardar el orden público, pero lo que generó es mucho más desorden en la vulneración de derechos no sólo de los manifestantes, sino de toda la gente que circulaba en el centro de Santiago”, apuntó.

En este sentido, el diputado Sergio Aguiló se refirió a los actos violentos que ocurren al final de cada manifestación. El parlamentario apuntó que no es el fiel reflejo de marchas que se caracterizan por pacíficas, tal como ocurrió el domingo y gran parte de ayer jueves.

Aguiló recalcó sobre el dispar comportamiento policial en las marchas estudiantiles, y apuntó que “condeno drásticamente los incidentes, estoy en contra la violencia. Pero no tengo claro cuál es el origen, a veces ocurre como el jueves, es una violencia del Estado incitada desde el ministerio, lo que comprobaremos en la acusación constitucional. En otras oportunidades hay que investigar, no entiendo cómo hay ocasiones donde se reprime a estudiantes pacíficos y en otras se deja actuar a una ínfima minoría que provoca violentos incidentes”.

Si bien la iniciativa contó con el apoyo inicial de la Democracia Cristiana, finalmente los parlamentarios Roberto León y Gabriel Ascencio no firmaron el documento, por lo que se evalúa la continuidad de la acusación una vez que la oposición defina su íntegro apoyo.