La Corte de Apelaciones de Puerto Montt declaró admisible el recurso de protección interpuesto por una decena de organizaciones sociales, además de parlamentarios y abogados contra el proyecto Parque Eólico Chiloé.

La resolución judicial entrega un plazo de cinco días a Servicio de Evaluación Ambiental de Los Lagos y a la empresa Ecopower para que explique la ausencia de un estudio de impacto ambiental en la aprobación del proyecto, para el que sólo se había presentado una declaración.

Los recurrentes alegan que el parque eólico atentaría contra el comercio y el turismo en la zona, y contra el medioambiente porque donde se pretende instalar habitan especies protegidas. Además, pasaría por sobre tres comunidades mapuches y diez sitios arqueológicos.

La decisión de la Corte no detiene la construcción del proyecto energético, pero además las comunidades presentaron un recurso de invalidación ante la Comisión Evaluación Ambiental para que anule la decisión adoptada el 1 de agosto, que se tomó sin realizar el estudio que exige la ley.

Este tema ha generado una verdadera polémica al tratarse de un proyecto que aportará al país con una fuente de energía renovable no convencional, pero que, a la vez, fue ubicado en uno de los peores lugares posibles para la comunidad de Chiloé.

Asimismo, la Comisión Ballenera internacional recomendó al Gobierno estudiar la zona donde se busca emplazar el Parque Eólico, pues en el lugar se concentraría el mayor número de cetáceos del hemisferio.

La empresa Ecopower ha señalado que no está dispuesta a relocalizar su proyecto, valorado en 235 millones de dólares, trasladándolo desde la Costa de Mar Brava a un lugar donde en que se reduzca su impacto, como piden las comunidades. Sus argumentos se amparan en el aporte que hará al país el desarrollo de energías alternativas.

“Fue simplemente un proyecto fundamentado en el hecho de que el país necesita energía como siempre y amparándose en que es energía renovable no convencional como supuestamente está en boga el tema de cambiar las energías contaminantes por las renovables. Se pudo colgar de este proceso para decir que cualquier proyecto de energía renovable tiene que ser aprobado, y así fue el mismo intendente lo remarcó en la votación, el dirigió a los Seremi en este sentido, y con eso fue suficiente para decir que el proyecto debía construirse independiente de todos los procesos”, indicó Jorge Valenzuela, director del Centro de Estudios y Conservación del Patrimonio Natural (CECPAN).

La forma en la que se están aprobando estos proyectos en nuestro país, pese al cambio de institucionalidad ambiental, ha generado una fuerte polémica. En este contexto, el diputado socialista Fidel Espinoza señaló  que la ley sólo está beneficiando a las empresas.

“La nueva legislación ambiental no sólo no ha funcionado, ha funcionado a favor de los intereses de grandes empresas como estas, que presentan proyectos de este tipo violentando los intereses de la gente, desde ese punto de vista es un elemento muy negativo. Yo no me opongo a la generación de energía eólica porque consideramos que son mecanismos importantes que son menos contaminantes que otros, siempre y cuando no impacten a la gente, sus costumbres, el impacto en la flora y fauna, y eso es lo que este proyecto realiza”, explicó Espinoza.

Distintos especialistas en materia ambiental han señalado que hoy siguen primando los criterios políticos por sobre los técnicos y que las vías de participación ciudadana no están claras, lo que ha quedado de manifiesto en el proyecto Parque Eólico Chiloé.