Las fundaciones Pro-Acceso, Ciudad Viva, Ciudadano Inteligente, Defendamos la Ciudad, junto con las corporaciones Participa, Humanas, Genera, y la Red de Territorios Ciudadanos, realizaron una declaración pública conjunta con la que manifiestan su fuerte rechazo al proceso por el que el Presidente Sebastián Piñera nominó a dos posibles integrantes del Consejo de Transparencia que el Senado debe ratificar.

Los dirigentes plantean que paradójicamente en este proceso ha faltado transparencia en varios puntos. A diferencia del proceso que conformó el primer equipo del Consejo, ha faltado participación de la sociedad civil, el Gobierno no ha explicado la no re postulación del actual presidente Raúl Urrutia y el consejero Juan Pablo Olmedo y se desconocen los criterios por los cuales nominaron a los abogados José María Eyzaguirre y Samuel Donoso.

En este sentido,  Moisés Sánchez, director ejecutivo de la Fundación Pro Acceso, cree que hay un retroceso en la institucionalidad diseñada para avanzar hacia un sistema más democrático, ya que no se está actuando apegados a la Ley de Transparencia.

“Lamentamos que hoy a tres años de la vigencia de la ley curiosamente tenemos un proceso de retroceso en el sistema participativo, donde ya había precedentes y básicamente no existe ningún tipo de antecedentes de los candidatos, salvo los que han circulado por la prensa, lo que resulta muy preocupante”, señaló Sánchez.

Las organizaciones piden más y mejores mecanismos de participación de la ciudadanía, que promuevan la cultura de la transparencia.

“Creemos que el Ejecutivo no cumplió, no se adhirió valóricamente a lo que implica trabajar con la Transparencia, porque desaprovecho la oportunidad de dar una señal de inclusión de la ciudadanía en la toma de decisiones para poder renovar a los consejeros de la institución”, indicó Manuel Aris, representante de la Fundación Ciudadano Inteligente.

La crítica de fondo detrás de esta discusión, es para Patricio Herman de Defendamos la Ciudad, que el Gobierno ha caído en prácticas que califica de “secretismos”; además de continuar con la política del empate pactada entre la Concertación de Partidos por la Democracia y la Coalición por el Cambio.

“Creemos que hay que terminar con el sistema binominal, que dice uno de acá, otro de allá. Queremos terminar con esto y que el Gobierno entienda que hay muchos abogados independientes, autónomos, que realmente representan las demandas de la ciudadanía para que hubieran elegido a uno de esos abogados. Nuestra posición es de rechazo pleno a la decisión del señor Piñera”, enfatizó el dirigente civil.

Herman exige el término del sistema binominal. Si bien aclara que no es de su interés criticar a los abogados nominados, si hay que cuestionar el proceso en el que se propuso, por una parte, a Eyzaguirre, abogado que pertenece al estudio jurídico Claro y Compañía, vinculado a la municipalidad de Las Condes, y defensor de Augusto Pinochet en los casos Riggs y Caravana de la Muerte; y por otro lado al abogado Donoso, ex secretario general del PPD y abogado defensor en los casos Mop-Gate e Inverlink.

Ambos abogados han sido cuestionados por participar como defensores en estos casos conflictivos de alta notoriedad pública. Sin embargo, los dirigentes no están de acuerdo con llevar esto a una discusión gremial, ya que lo que se critica es la falta de transparencia, y no el derecho a defensa judicial.

Tomás Marín de Ciudad Viva, señala que van a defender lo logrado hasta el momento, y que van a solicitar adaptaciones a la normativa que aseguren la participación de las organizaciones que trabajan día a día con la información pública y la participación ciudadana.

“La Ley de Transparencia es un gran logro de nuestra democracia y como organizaciones de la sociedad civil, no estamos dispuestos a que sufra este retroceso en la manera de designar a los consejeros, porque creemos que la Ley de Acceso a la Información Pública es el primer paso para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho de control. Nos parece que entidades como estas que ejercen un rol fiscalizador y que garantizan un derecho básico en democracia tiene que ser defendido”, señaló Tomás Marín.

Los representantes de las organizaciones que adhirieron a esta declaración pública esperan que esta decisión sea rechazada por el Senado, pero de todas formas consideran que se debe regular en torno al proceso de selección de los integrantes del Consejo de la Transparencia para no poner en riesgo su carácter autónomo.