El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, adhirió este lunes a las críticas que han lanzado diversos representantes de la Alianza en torno al rol que tuvieron las autoridades en el retraso de la implementación de la alarma de maremoto el 27 de febrero de 2010.

Esto, luego que la fiscal a cargo de las investigaciones, Solange Huerta, solicitara el viernes pasado formalizar al ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende y a la ex directora de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) por cuasi delito de homicidio, jnto a otras seis personas, entre las que se cuentan el ex director del SHOS, Mariano Rojas.

“Cuando uno es parte de un equipo, simplemente decir a mí ese día no me correspondió o no tuve nada que ver, no es quizás la forma en deben enfrentarse este tipo de desafíos. Respecto a las responsabilidades políticas uno siempre tiene que pensar que también comprenden y comprometen a todo un equipo que estaba a cargo de la emergencia. Las responsabilidades penales las establecen los tribunales”, dijo el jefe de gabinete después de su primera actividad de regreso de vacaciones.

Hinzpeter afirmó además que será la ciudadanía la que se hará un juicio respecto de lo que sucedió esa madrugada. “Creo que el país – y esto es lo más importante –  se va a formar una opinión respecto de las responsabilidades políticas que puedan haber. ¿Y sabe cuándo se ejercen y que se hacen nítidas estas responsabilidades políticas? Bueno, en la elecciones. Ese es el momento en que los ciudadanos hacen valer sus juicios”, sostuvo.

El factor Bachelet

Un poco más directo fue el alcalde de Juan Fernández, Leopoldo González (RN), quien aseguró que la Presidenta Michelle Bachelet también debiera ser formalizada pues, a su juicio, “se está cortando el hilo por lo más delgado”.

El edil afirmó que él mismo habló con la ex Mandataria después del terremoto y que le advirtió de la grave situación en la que se encontraban en el archipiélago.

“No fueron consideradas mis declaraciones. Yo conversé directamente con la Presidenta y le informé lo que estaba ocurriendo. Ella incluso me preguntó ‘qué ocurre’. Le dije ‘acá hay olas de 18 o 20 metros,  hay mucha gente que está flotando en el mar y necesitamos ayuda.  En Talcahuano pudieron haber evitado algo porque allá la segunda ola llegó más tarde. Por eso ella también debió haber sido formalizada”, dijo González.

Sin embargo, en la vereda contraria, uno de los abogados querellantes, Alfredo Morgado, comentó que “por las víctimas” no es conveniente “politizar” este tipo de investigación. “El fin de semana se vio a un sector y de otro, de la oposición y de parlamentarios de Gobierno, tratando de sacar cuentas entre ellos y llevar agua hacia sus propios molinos políticos, sobre todo cuando nos avecinamos a periodos electorales, y eso no es conveniente. Yo me quedo con el trabajo que está haciendo la Fiscalía”, indicó el jurista.

El abogado descartó de plano cualquier responsabilidad de la ex Presidenta Michelle Bachelet en la eventual negligencia para decretar la alarma por maremoto. “Desde la perspectiva jurídica, ella no tiene responsabilidad en lo que respecta a la estructura del organigrama que se forma frente a estas situaciones de emergencia y desde las perspectivas fácticas, ella es la primera persona que cuestiona, incluso duramente, todo el manejo de información que se estaba llevando a cabo y todas las contradicciones que existían, entonces, claramente, ella no tiene responsabilidad”, comentó a una emisora.

Finalmente, el jurista se mostró contrario a citar a declarar en calidad de testigos al Presidente Sebastián Piñera y al ministro Hinzpeter, como lo solicitó su colega Raúl Meza, porque afirmó que no es mucho lo que pueden aportar al haber llegado al día siguiente a la Onemi.

Por su parte, la presidenta subrogante de la DC, Laura Albornoz, acusó al Gobierno y a los partidos oficialistas de querer  utilizar estas circunstancias  para dañar la imagen  de la ex Presidenta Bachelet, que terminó su mandato con un 80 por ciento de aprobación ciudadana.

La ex ministra del Sernam calificó como un “inédito aprovechamiento político”, las declaraciones que se han producido en torno a esta investigación. “Nos parece notoriamente imprudente y perjudicial para el país que se intente mezclar una cosa con la situación de la formalización que ocurrió la semana pasada. Aquí hay un intento de aprovechamiento político que es improcedente”, dijo.

En tanto, Pilar Durán,  presidenta subrogante del Partido Socialista,   criticó a la  Secretaría General de  Gobierno  por gastar millones de pesos en una campaña comunicacional  que publicita falsos avances en materia de reconstrucción de las zonas desbastadas por el terremoto y el maremoto del 27 de febrero de 2010.