Durante los últimos años, algunas constituciones de América Latina han considerado que no hay democracia posible sin pluralismo mediático. Es decir, que el espacio de amplificación de las voces sociales no debe quedar al arbitrio del mercado, sino que debe estar equilibradamente distribuido en la sociedad. De esta consideración es que ha surgido la idea de repartir la circulación en tres tercios: uno para los medios comerciales, otro para el Estado y el último para las organizaciones de la Sociedad Civil.

Los dueños de los grandes consorcios, algunos de ellos grandes fortunas del continente, al ver restringida la posibilidad de concentrar las voces y el negocio, han reaccionado acusando a estos gobiernos de “perseguir a la prensa” y de “atentar contra la libertad de expresión”.

Reunidos en estos días en la ciudad de Cádiz, España, bajo el alero de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), han sido tajantes. Afirman que existen “presidentes arbitrarios e intolerantes que buscan acallar a la prensa crítica: numerosos medios del Estado realizan una campaña sistemática contra el periodismo independiente, (…) la prensa es acusada de desestabilizadora y golpista por los máximos responsables de la administración nacional y los mandatarios están ensañados en sus discursos públicos con aquellos que levantan voces críticas…”.

La SIP, integrada por 1.400 grandes empresarios de las comunicaciones que son juez y parte en el tema, dictamina a través de estas declaraciones qué gobiernos respetan las libertades y cuáles no lo hacen, contando para ello con la cobertura preferencial de…los propios medios de la SIP.

El principal problema conceptual de estas afirmaciones es confundir por motivos obvios a la libertad de prensa con la libertad de expresión. La primera radica en los dueños de los medios y, en la medida que se concentra, equivaldría a imponerse en una discusión simplemente porque se grita más fuerte que muchos otros. En cambio, la libertad de expresión radica en los ciudadanos y debe traducirse también en el acceso plural a los medios de comunicación, como fuentes o como audiencias. Esto es lo que las leyes que tanto critican busca cautelar.

La inexistencia de estas leyes en Chile, por ejemplo, permite que un grupo como Prisa llegue a controlar buena parte del dial en FM, contando además a través de una de sus radios –como gracia- que son “la red comunicacional más grande de Iberoamérica”. De hecho, a estas alturas la radio Universidad de Chile es una de las pocas que no pertenece a los dos conglomerados que copan el espectro FM de Santiago.

Se da la paradoja de que en un país como el nuestro, que para la SIP es plenamente respetuoso de las libertades, ocurre la concentración de la propiedad de los medios en grandes grupos económicos, por lo general con líneas editoriales ligadas a la derecha ¿La consecuencia? La falta de pluralismo que impide apreciar lo diverso y los legítimos intereses en pugna que existen en nuestra sociedad.

A la SIP esto no le importa. Porque en realidad le importa otra cosa.

Nuestra realidad es muy distinta, por ejemplo, a lo que ocurre en Ecuador, país satanizado por las grandes cadenas mediáticas latinoamericanas. En aquella nación, la secretaria ecuatoriana de Pueblos, Rosa Mireya Cárdenas, informó que en julio próximo finaliza el proceso de entrega de 14 frecuencias de radio a grupos foráneos y la posterior adjudicación de 20 frecuencias más a organizaciones sociales, en la lógica de distribuir las frecuencias entre las emisoras públicas, privadas y comunitarias, en 33, 33 y 34 por ciento, respectivamente.

Esta realidad nos puede ayudar a reformular las nociones de libertad de prensa, libertad de expresión y censura en Chile. Porque acallar una voz cumple la misma función que invisibilizarla. Porque la censura de las dictaduras persigue la misma función que la concentración mediática en las democracias neoliberales: perpetuar a los que están en el poder poniéndolos a salvo del escrutinio público.

Por ello, la política de los tres tercios no sólo va en la dirección correcta, sino que garantiza una democracia más parecida a lo que se espera de ella. Un espectro de medios con duopolios, concentración radial y clara vocación neoliberal en la Televisión, equivale a un sistema político con Binominal, Cuórums Calificados y el Poder de Veto del Tribunal Constitucional. Algo que parece pero no es.