A mediados de los 70, los chilenos politizados que vivimos en Francia nos encontramos con que en los medios y los círculos en que frecuentábamos hablaban de “la classe politique”. Era un término nuevo para los latinoamericanos, que en Europa se aplicaba transversalmente a quienes dirigían los países del continente. En ese entonces, en París gobernaba el liberal Giscard d’Estaign y el desafiante socialista François Mitterrand y el Premier gaulliste Jacques Chirac se perfilaban para suceder a aquél, cosa que en definitiva cada uno logró a su turno.
Esta alternancia en el poder de los líderes de la clase política recién se asomó en Chile a diez años del retorno a la democracia, cuando en 1999 Lavín prácticamente empató con Lagos en las elecciones presidenciales de fines de ese año.
La presencia actual de Piñera en La Moneda consagró a nivel ejecutivo la República Binominal, ya impuesta en el Legislativo y otros poderes desde el fin de la dictadura, gracias al sistema electoral y la cultura de mando que ésta legó.
Esta cultura tuvo una nueva expresión en los últimos días, cuando el Gobierno logró que el Parlamento aprobase el reajuste “ratón” del salario mínimo y rechazara la reforma constitucional que entreabría la puerta a una reforma electoral, y también un informe sobre el lucro ilegal de las universidades, preludio de una investigación congresal sobre el asunto.
Pese al berrinche de la oposición y los cuestionamientos en las propias bancadas oficialistas, el Gobierno obtuvo lo que quiso, sin contar con mayoría en ambas cámaras. Los mecanismos que se movieron para obtenerlo fueron variados: convencimientos en y desde el palacio presidencial, pareos y ausencias en el Congreso, atrasos o simplemente el no cumplimiento del deber de votar de senadores y diputados presentes, y una que otra salvadora abstención.
Todo esto sonó no ya a convivencia, ni siquiera a la eterna transacción que ha significado la larga transición, sino a colusión. Al acuerdo tácito o el dejar hacer de una clase política que actúa a través del oligopolio de dos coaliciones, ambas hermanadas, en definitiva, por políticas similares que aplican cuando una u otra está en el poder.
Los salarios mínimos son miserables desde hace 22 años, con bonanza local o crisis internacional; el lucro en las universidades fue permitido durante los gobiernos de la Concertación, que nada hicieron para fiscalizarlo, ni hubo nunca un intento serio de reemplazar el binominal, capitalizando la disposición –aunque fuese episódica- de ciertos sectores de la Alianza derechista.
Todo lo que hubo ahora en torno a los tres proyectos no fue pura música, ni siquiera disonante, sólo ruido para mantenerse o alternarse en el mando y -hecho nuevo- tapar los reclamos y movilizaciones de una ciudadanía que percibe la colusión. Y que se ha vuelto en contra del conjunto de la clase política, despreciando los partidos y las instituciones en que ejercen.
Lo hace bregando socialmente, pero con conciencia de sus derechos cívicos, por una “qualité de vie”, otro antiguo término francés, que en castellano ha comenzado a formularse cotidianamente por las víctimas de la mala educación, las carencias en salud, transporte, vivienda y seguridad y los abusos del poder financiero y comercial.
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