La Federación Nacional del Ministerio del Interior (Fenaminsa) solicitó al Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, suspender de sus funciones al subsecretario Rodrigo Ubilla, mientras dure la investigación por el caso de sobreprecios de equipamientos de detección de drogas.

Los funcionarios pidieron además un sumario contra los jefes de las divisiones jurídica, de administración y finanzas y de estudios la secretaría encabezada por Rodrigo Hinzpeter.

“Las altas autoridades no están asumiendo su responsabilidad en un caso que ha enlodado a todos los trabajadores de este ministerio”, indicó Marcos Dinamarca, presidente de Fenaminsa.

El dirigente refutó, además, las afirmaciones vertidas por el abogado Luis Hermosilla, que señaló que Ubilla “es una víctima del proceso de licitación. “Él firmó los documentos”, subrayó Marcos Dinamarca.

El vocero agregó que estudian, junto a un grupo de abogados, la presentación de recursos judiciales en los Tribunales de Justicia por este escándalo, que se sumaría al presentando por la propia subsecretaria del Interior.

Un requerimiento que fue calificado como “insuficiente” por el presidente de Fenaminsa, ya que, a su juicio, la máxima autoridad de esta repartición es parte involucrada en el caso y no puede querellarse en un hecho donde tiene “una responsabilidad directa”, señaló.

Los trabajadores públicos emplazaron, además, al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, a asumir sus responsabilidad política en el “caso sobreprecios”, ya que “fue él quien firmó el decreto que trajo al abogado Alejandro Peña desde el Ministerio Público y también a los jefes de las divisiones involucradas en este ilícito”, precisó Dinamarca.

Declaraciones ante la Fiscalía

Por alrededor de 50 minutos, el ex jefe de proyectos y adquisición de la división de Estudios del Ministerio del Interior, Felipe Baeza, declaró ante la fiscalía Centro-Norte en el marco de la diligencia respecto a este caso de sobreprecio en el pago por equipos antidroga.

Al llegar al lugar, Baeza  indicó que “estoy muy tranquilo, vengo a entregar todos los antecedentes que tengo al fiscal”.

A la misma hora que Baeza ingresaba al edificio del Ministerio Público por la puerta principal, el abogado Alejandro Peña entraba por una puerta lateral para entregar su versión de los hechos. El fiscal Jaime Retamal, de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, es el encargado de tomar la declaración de Peña, en calidad de testigo.

Peña indicó que “estamos con la conciencia muy tranquila, estamos acá para descartar o configurar una figura penal” y agregó: “no tuve ninguna participación directa en los procesos cuestionados”.

Consultado sobre su renuncia, el ex fiscal indicó que “nunca le hecho el quite a asumir cuando corresponde la responsabilidad. En este caso lo consideré necesario por responsabilidad de mando y política”.

El viernes recién pasado se abrió una investigación después de las denuncias por presuntos sobreprecios en la licitación de equipos para detectar drogas (densímetros y fibroscopios) que serían utilizados en el Plan Frontera Norte.

El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, junto al abogado Luis Hermosilla, llegó hasta el Séptimo Juzgado de Garantía para presentar una querella contra quienes resulten responsables de los delitos de fraude al fisco y violación de secreto.

Ubilla dijo que ” la actitud fuerte, la denuncia oportuna, la entrega de antecedentes a distintos órganos del Estado, contribuye a clarificar a la brevedad lo que denunció Ciper”.