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Agenda Pro Inversión y Desarrollo Local

Columna de opinión por Roberto Meza
Miércoles 31 de octubre 2012 10:47 hrs.


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Durante esta semana –que es corta- o la próxima, el gobierno debería presentar su proyecto de Agenda pro Inversión, tras el compromiso que adquirió el Presidente Piñera en la cena anual de la industria, realizada hace alrededor de un mes y en la que participaron ministros y empresarios buscando consensuar propuestas que ayuden a destrabar los “lomos de toro” que limitan altas inversiones en energía y minería.

De acuerdo a informaciones de Gobierno, los cinco ministerios que quedaron a cargo de definir dicha agenda ya han redactado un plan de acción que tendría tres ejes principales. El primero y prioritario, es acelerar la tramitación de proyectos energéticos y mineros presentados o en proceso de ser ingresados al Congreso, tales como la carretera eléctrica pública, la elevación al 20% en 2020 de la participación de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) en nuestra matriz energética y el ajuste de las normas del Centro de Despacho Económico de Carga del Sistema Interconectado Central (CDEC-SIC) y la interconexión de los dos principales sistemas eléctricos del país: el SIC y el Interconectado del Norte Grande (SING).

Un segundo eje sería la creación de una ley miscelánea que buscará ajustar la normativa que atañe al proceso inversor, para mejorar la certeza jurídica de estos proyectos, mientras que el tercero considera cambios de políticas administrativas de corto plazo que dependen del Ejecutivo, entre ellas el perfeccionamiento y/o modificación de reglamentos, resoluciones y de gestión que importa más personal y recursos para apurar los trámites y cambios en los derechos de agua.

El Ministro de Economía, Pablo Longueira ha dicho que la agenda se está trabajando con “mirada de Estado”, pues el desarrollo energético del país trasciende a los gobiernos y distintas coaliciones políticas de turno que lo administran. El perfeccionamiento parlamentario de este proceso otorgaría mayor certeza jurídica a la partes, evitaría la judicialización de cada proyecto importante y aceleraría las aprobaciones. La demora, contrario sensu, tiene alto costo inmediato y afecta las perspectivas de largo plazo del país, dijo.

Entre las modificaciones normativas y administrativas, una de las preocupaciones del gobierno corresponde a las llamadas ZOIT (Zonas de Interés Turístico), por la colisión de intereses que, en algunas provincias y regiones, se producen entre aquellas y las iniciativas energéticas, razón por la que es otra de las materias que serían ajustadas. Asimismo, el gobierno quiere implementar medidas compensatorias para aquellas comunidades afectadas por los proyectos, para lo cual el equipo ministerial ha estudiado modelos como un fondo público-privado, de costo de la firma inversora, o créditos para los impuestos que se pagan.

Los adelantos conocidos en esta materia revelan la voluntad del Gobierno de avanzar prioritariamente en ambas áreas –por lo demás correlacionadas-, considerando los altos costos actuales de la energía y las ventajas naturales que el país tiene en minería. Sin embargo, los legisladores deberán abordar con suma prudencia aspectos de esta Agenda, pues varios tienen impacto en derechos de propiedad, mientras que los gobiernos regionales, provinciales o comunales, suelen tener sus propios proyectos y vocaciones productivas que podrían verse afectadas por decisiones apresuradas en función de un propósito que es estimable, dadas las condiciones económicas internacionales, pero que requiere de un marco estratégico que debería ser explicitado por la autoridad.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no refleja necesariamente la posición de Diario y Radio Universidad de Chile.