En un reciente artículo del Premio Nobel 1995 de Economía, Robert Lucas, uno de los creadores de la Teoría de las Expectativas Racionales, apunta a las razones del progreso de Estados Unidos en el siglo XX, destacando, muy en resumen, que buena parte de ese éxito está asociado a los menores grados de intervención del Gobierno en la economía y a las bajas tasas de impuestos, por lo que, contrario sensu, la presente ralentización de la actividad en ese país se debería precisamente a que no se están cumpliendo dichas condiciones.

La afirmación, que es consistente con su educación universitaria en Chicago, casa de estudios en la que fue alumno y profesor, es anatema para quienes, en medio de la actual crisis del capitalismo financiero, abogan por más intervención estatal e impuestos, de modo de enfrentar las enormes desigualdades, daños sociales y políticos que ocasionó el excesivo apalancamiento que la banca internacional realizó en la Década de Oro (1995 y 2008) y que generó las burbujas inmobiliarias que terminaron por hacer estallar el sistema, llevándolo a uno de sus peores trances de la historia.

Las propuestas de Lucas se basan en cierto sentido común. En efecto, si imaginamos las empresas como organizaciones coyunturales de capital y trabajo, cuyo propósito es producir bienes y servicios para atender competitivamente una demanda determinada con la mayor calidad y al menor precio posible, los costos de producción son relevantes para sostenerse en funcionamiento. Uno de ellos son los impuestos y en Chile, el Estado es “socio” nuestro en aproximadamente tres meses de trabajo al año (incluidos IVA e impuestos de 1º y 2º Categoría)

Se entiende que las empresas ordenan su oferta buscando generar utilidades que permitan pagar los costos de producción, entre ellos, trabajo e intereses al capital que la hace posible (porque de otra manera el capital ataca huyendo). De allí que entre una serie de proyectos posibles, los organizadores partirán siempre por los que sean más rentables. Dicha pirámide –de proyectos más hasta menos jugosos- es la que explica la velocidad de crecimiento de una economía, en la medida que si todas las empresas fueran exitosas en su desarrollo y se cumplieran sus expectativas de rentabilidad, digamos, 30%, el conjunto de aquellas aumentaría su patrimonio en esa cantidad, generando así más ahorro, inversión y actividad económica.

Pero como la vida real no es así, el crecimiento de las economías es el promedio entre exitosos, los que no consiguen ganar lo esperado y los que deben salir de la cancha, quebrados. De allí que sobrecargar a las empresas costos (burocráticos o impuestos) tendría un efecto desalentador de la inversión, pues dichos recursos son extraídos de la cartera de los organizadores y sus clientes y trasladados al Estado, que los redistribuye con criterios distintos a la eficiencia y rentabilidad económica –p. ej. Proyectos socialmente rentables, pero a varias décadas de distancia-, ralentizando una más rápida creación de riqueza a corto plazo.

Pero aunque estos argumentos sean correctos y su consecuencia sea un Estado más pequeño y menos incidente económica y socialmente, hay que agregar a la salsa el papel del Estado para la estabilidad política e institucional. Tales bienes deben protegerse precisamente para asegurar un mejor desenvolvimiento de los ciudadanos que se organizan para producir, como aportantes de trabajo o de capital. Es decir, el costo de mantener un Estado es inevitable si se quiere un orden legal que nos cuide a todos. Y si el Estado es democrático, la opinión de las mayorías se plasma en tipos de Gobierno de diversa naturaleza. Se ha asumido históricamente que los partidarios de dar más espacios al capital y la libertad de emprender son las derechas y los partidarios de mayor equidad vía recaudaciones de impuestos para redistribuirlos y evitar las desigualdades propias de las libertades, son las izquierdas.

Sin embargo, desde hace un par de décadas, Gobiernos surgidos desde las derechas son campeones del gasto social, más impuestos e intervención del Estado y, otros, desde las izquierdas, promueven la prudencia fiscal, menos impuestos y menor incidencia del Estado en la economía. La presión de las mayorías puede, en consecuencia, romper los esquemas ideológicos aceptados históricamente. A este proceso se le ha bautizado como la “revolución ciudadana”.

Conciliar criterios de libertad con los de equidad es una tarea pendiente. El abstencionismo de las últimas elecciones municipales es indiciario de un obvio desapego ciudadano de las instituciones políticas, más allá de las razones por las cuales se haya producido (apatía, hiper-normalidad democrática, disgusto con la clase política, inutilidad del voto, etc). Es decir, aunque la política sigue en la vidriera, un 60% de los usuarios la pasa por alto. Ya no tiene atractivo.

Un mayor papel del Estado en la economía podría revitalizar la importancia de los políticos en la vida diaria de las personas y hacer más interesante la participación en ella. Más impuestos permiten, además, que los políticos de turno en la administración del Estado puedan responder mejor a las demandas sociales. Pero en un entorno económico mundial en el que la competencia internacional liquida año a año a millones de orgánicas reunidas coyunturalmente para producir bienes y servicios, insta a preocuparnos, como sociedad, sobre los costos de hacer ineficientes a las empresas, agregándoles mayores costos y haciéndolas tropezar, por el impacto que aquello tiene en el empleo, inversión, crecimiento y, en fin, en el bienestar material de la población.

Una democracia política, económica, social y cultural, nos obliga a hacernos cargo de nuestras decisiones mayoritarias, atendiendo a todas sus consecuencias. Lucas ha dicho que si quiere estimular el crecimiento de la inversión, la productividad y el ingreso, hay que recortar los impuestos sobre el capital. Sin embargo, dicha operación debe realizarse manteniendo un delicado equilibrio para no afectar la paz, orden y estabilidad social. Hoy, todos tenemos la palabra.